INTERNACIONALES
20 de septiembre de 2025
La dictadura cubana condenó a 15 manifestantes a penas de hasta nueve años de prisión por protestar contra los apagones

El Tribunal Supremo Popular informó que los acusados recibieron sentencias por delitos como desórdenes públicos, resistencia y desacato, tras las marchas del 17 de marzo de 2024 en Santiago de Cuba y otras ciudades
A la par de los juicios y condenas, el país vive una situación social cada vez más tensa. Hace pocos días, decenas de personas salieron nuevamente a las calles en Gibara, localidad situada en el oriente de la isla, para protestar por más de 20 horas sin energía eléctrica y semanas sin suministro de agua, según relató a la AFP un habitante que pidió el anonimato ante el temor a represalias. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid, confirmó la detención de 27 personas en Gibara, de las cuales cuatro permanecen privadas de libertad.
La directora de Cubalex, Laritza Diversent, declaró a la AFP que la organización, con base en Miami, también cuenta cuatro detenidos en Gibara tras las marchas. Diversent indicó que al menos 180 personas han sido arrestadas en el contexto de manifestaciones contra los apagones entre 2022 y septiembre de 2025, aunque advirtió que se trata solo de los casos denunciados y que la cifra real podría ser mayor.De acuerdo con el OCDH, tras las protestas en Gibara las fuerzas de seguridad incrementaron las “acciones intimidatorias” en la zona, especialmente en los barrios de La Loma de los Caneyes y El Güirito. El organismo denunció la gravedad de la situación, demandó el “cese de la represión” y exigió la liberación de todas las personas detenidas por participar en protestas pacíficas.La criminalización de la protesta y el aumento de la represión son dos ejes centrales en las denuncias publicadas. Casos individuales han cobrado especial notoriedad, como el de Julio César Duque de Estrada Ferrer, condenado a cuatro años y medio de prisión por grabar con su teléfono una fila para la compra de gas licuado en Santiago de Cuba. Según documentos a los que tuvo acceso el OCDH, la sentencia argumenta la comisión de delitos de “desobediencia” y “atentado”. El organismo calificó el proceso judicial de “farsa” y denunció una intervención policial “arbitraria” y ajena a la legalidad.