POLITICA
8 de abril de 2025
El gobierno porteño apeló el fallo del juez Gallardo para que la Policía de la Ciudad custodie la marcha de jubilados
La Procuración General porteña realizó una presentación para declarar nulo el recurso presentado por el magistrado, y argumentó que afecta la autonomía y compromete la coordinación
La Ciudad de Buenos Aires, a través de su Procuración General, presentó hoy una apelación para revocar el fallo emitido por el juez Gallardo, titular del Juzgado de 1a Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, había dispuesto que el Gobierno porteño coordine el operativo de seguridad de la Según informó el gobierno porteño, el recurso firmado por el Dr. Agustín Luzzi (Director General de Dictámenes y Litigios Complejos de la Procuración General de CABA) fue elevado con carácter urgente a la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, argumentando que la medida judicial afecta la autonomía de la Ciudad y compromete la coordinación de las fuerzas de seguridad.
En el recurso presentado, la Procuración calificó la resolución del juez como “nula” y señaló que carece de los fundamentos legales para su procedencia. Además, se argumentó que la decisión fue tomada sin la intervención previa del Gobierno porteño ni la garantía del derecho de defensa, lo que, según las autoridades porteñas, constituye una violación al debido proceso legal. La Ciudad también enfatizó que no renunció en ningún momento a sus competencias en materia de seguridad.
El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, expresó que “una manifestación es un fenómeno dinámico, imaginar que detrás de un escritorio alguien va a poder escribir, que la Policía da cinco pasos y otro tiene que agarrar la situación cuando hay que hacer cumplir la ley me parece forzado. Hay que ver cómo se va desarrollando. Vamos a garantizar la seguridad en la Ciudad con las fuerzas federales y con las fuerzas de la Ciudad, como siempre”.
En sus fundamentos, la Procuración expresó que, aparte de ser tomada sin la intervención previa del Gobierno de la Ciudad, la medida no garantizó el derecho de defensa. La apelación también remarca que la Ciudad nunca renunció a sus competencias en materia de seguridad y considera que el fallo refleja un prejuzgamiento, sin tener en cuenta las dinámicas del operativo de seguridad.
El recurso también plantea que el juez Gallardo se arrogó facultades exclusivas del Poder Ejecutivo, invadiendo las competencias del Ministerio de Seguridad de la Ciudad y afectando la coordinación entre las fuerzas locales y federales en el operativo.
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