POLITICA

30 de junio de 2014

ÚNICO EN LA HISTORIA CONSTITUCIONAL, POLÍTICA Y PENAL ARGENTINA.

PROCESAMIENTO ‘VICEPRESIDENCIAL’
Y JUICIO POLÍTICO

ÚNICO EN LA HISTORIA CONSTITUCIONAL,
POLÍTICA Y PENAL ARGENTINA.
Rige aún la inmunidad de arresto,
reglamentada por la ley 23.520 (llamada, “de fueros”)

PROCESAMIENTO ‘VICEPRESIDENCIAL’

Y JUICIO POLÍTICO

 

ÚNICO EN LA HISTORIA CONSTITUCIONAL,

POLÍTICA Y PENAL ARGENTINA.

Rige aún la inmunidad de arresto,

reglamentada por la ley 23.520 (llamada, “de fueros”)

 

Néstor Fabián MIGUELIZ

Abogado, investigador, iuspublicista

 

El magistrado judicial competente en el polémico caso “Ciccone”, ha ordenado hoy el procesamiento (si bien, aún no firme) de varios imputados, entre ellos, el del actualvicepresidente de la Nación, por la presunta comisión de delitos de corrupción.

Como lo venimos sosteniendo fundadamente desde el comienzo de la presente investigación, nuestra autoridad constitucional no gozó ni goza de las inmunidades de opinión ni de proceso.

Tal es la explicación acerca de por qué las cosas avanzaron hasta aquí, sin que fuese menester que poder del Estado u órgano alguno debiera proceder -previamente- a allanar o “desaforarlo”, o que las actuaciones concuyesen en el archivo, como sí ocurrió muchas veces. Ello, antes de la vigencia de la actual ley 23.520 (que estableció un"regimen de inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados").

Previo al año 2000, tenían lugar esas situaciones dudosas y cuestionables desde un enfoque republicano e igualitario. Y vino entonces esa ley reglamentaria a esclarecer así imprecisos contenidos constitucionales; y -con mayor fuerza- "desterrando" serios obstáculos que legislaban varios códigos provinciales de procedimiento en materia penal, así como el nacional precitado. 

Ahora, el magistrado podrá continuar el proceso aún hasta la sentencia, que podrá o no resultar condenatoria.

Si fuese este último el caso, cabrían distintas soluciones si la condena se traduce en una privación efectiva o no de la libertad. Si la sentencia firme establece una condena -de cumplimiento efectivo- de restricción de la inmunidad de arresto (privación de la libertad), y el vicepresidente de la Nación se encuentra aún en ejercicio constitucional de su mandato, no queda otro recurso (salvo una renuncia válidamente aceptada) que poner en marcha el mecanismo de juicio político, previsto en el Art. 53 y concordantes de la Carta Magna, para su plena ejecución.

Así las cosas, vistas desde nuestro sistema constitucional vigente de control  recíproco y mutuo interpoderes. Claro es que, mucho antes de eso -ahora mismo, por ejemplo- la Cámara de Diputados de la Nación puede promover eficazmente acusación en juicio político contra el vicepresidente de la Nación, motivado en las mismas causales que prevé la propia Constitución:“… causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes…”. Deberán reunirse los extremos precisamente fijados por el Texto Fundamental: conocer, debatir y decidir la acusación, por el voto mayoritario de las 2/3 partes de los miembros presentes.

Si ello llegara a desarrollarse, el Senado -que funciona como tribunal juzgador (Art. 59; Constitución Nac.), y resulta presidido por el vicepresidente- sería para ese caso conducido por el titular provisional de la Cámara Alta y/o las subsiguientes autoridades.

Luján, junio 27 de 2014.-

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