POLITICA

6 de abril de 2014

La fractura del contrato social

El académico Ernesto Schargrodsky afirma que cada vez más pobres son víctimas de la inseguridad. Falta de políticas reales de inclusión y violencia.

Ernesto Schargrodsky es joven para su trayectoria. Con sólo 47 años, es el rector de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). Como académico, se doctoró en la Universidad de Harvard en Economía y defiende la aplicación de esta ciencia social a campos aptos a la metodología de estudio. Fue así que decidió abocarse a una economía muy poco estudiada en el país: la del crimen.

El disparador que desata esta entrevista exclusiva con PERFIL es la serie de linchamientos que se desarrollaron en distintas ciudades del país en los últimos días: “Me parece una solución horrible; una reacción espantosa y a su vez delictiva frente al problema irresuelto de la inseguridad”. Para el estudioso, estos actos hablan de laruptura de un contrato social por parte de los ciudadanos y el Estado: la sociedad deja de cederle al Estado el monopolio de la fuerza porque siente que el Estado no garantiza su seguridad. Si bien Schargrodsky no cuenta con una investigación específica del tema, junto al economista Rafael Di Tella –también profesor de la UTDT y de Harvard–, publicaron una serie de informes en revistas especializadas que tratan temáticas que ayudan a poner en contexto los últimos episodios de violencia por parte de la sociedad civil.

Uno de esos trabajos habla de las reacciones de personas que fueron víctimas de un delito. “Lo que descubrimos es que, si bien reclamaban seguridad, no es que las víctimas se cegasen, sino que entendían la importancia de las políticas sociales para atacar el problema”. Según el informe, aquellas personas que pasaron por un hecho de inseguridad no necesariamente se volvían más partidarias de las políticas de “mano dura”. De alguna forma, tomaban más conciencia de los problemas estructurales de la redistribución de la riqueza.

Por otra parte, según sus estudios, a su vez “cada vez más pobres son víctimas de la inseguridad porque no tienen los recursos para acceder a una seguridad privada”, asegura Schargrodsky, quien aclara que no cree que los linchamientos se traten de un enfrentamiento entre clases, sino que cada vez se da más el delito de pobres contra pobres. “Hay unaausencia del Estado que debe garantizar la seguridad y hay bronca de la gente, y eso se manifiesta horriblemente. Hay muchos episodios en la historia en los cuales la inseguridad lleva a un debilitamiento de la creencia o apoyo de la gente al funcionamiento del sistema democrático”, define el rector de la UTDT.

—¿Cuál cree que son las medidas adecuadas a corto y largo plazo para hacerle frente a la inseguridad?
—Teniendo en cuenta las ciudades que han tenido éxito en la materia, lo que se vio es que lo lograron a través de una cierta combinación de políticas activas sociales y de seguridad con algún componente punitivo. Creo que para luchar contra la inseguridad hay que pensar en dos tiempos: por un lado, en las políticas sociales para enfrentar las causas del problema: fomentar igualdad de oportunidades, mayor acceso a educación y tener una serie de políticas sociales específicas para mejorar la inserción laboral. Por otro, hay que atender las consecuencias en el presente con políticas de seguridad específicas. Para ello, se necesita un aumento de los recursos destinados a tener mejores cárceles, mejores recursos policiales, una Justicia más informatizada, como para contar en el momento con los antecedentes de cualquier persona.

Estadísticas. Algunos especialistas aseguran que la inseguridad es una “sensación”, otros, que es fogoneada por los medios de comunicación, o que es la realidad: se ve en las calles. Las teorías son múltiples y los datos certeros, no tanto. Según el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y la Dirección de Política Criminal, y estimaciones desde 2009 a 2012, en los últimos treinta años, aproximadamente setenta mil personas fueron víctimas fatales del delito. El problema es que, a partir de 2009, no hay datos oficiales de victimización, y eso dificulta a los estudiosos poder armar mapas de situación. Los datos se terminan generando a partir de consultoras privadas o universidades. Para Schargrodsky, la importancia de los datos es fundamental: “El diseño de políticas de seguridad tiene que responder a la evidencia empírica”.

El Laboratorio de Investigaciones sobre Crímenes, Instituciones y Política de la UTDT realiza cada mes un Indice de Victimización (IVI). Los últimos datos publicados en la web datan de enero de 2014 y se estima que “el 36,4% de los hogares en cuarenta centros urbanos del país fue víctima de al menos un delito en los últimos 12 meses”. Y, a diferencia de la aparente tendencia creciente de este índice: “El IVI cayó 0.3 puntos porcentuales respecto de la medición de enero de 2013”, detalla el documento.

Reformas. El conflicto de los linchamientos volvió a sacar a la luz otro debate: la reforma del Código Penal. Schargrodsky explica que el anteproyecto de reforma del Código Penal propone la eliminación de la reincidencia como agravante. En el actual Código Penal, se castiga la reincidencia al establecerla como un agravante que impide el otorgamiento de la libertad condicional. Pero el nuevo anteproyecto plantea eliminar dicho agravante a partir de una interpretación del principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

—¿Cuáles cree que son las razones por las cuales se decide quitar dicha figura?

—Yo creo que se basa en una brutal ignorancia. En que la discusión debería hacerse sobre hechos fácticos, pero se hace sobre discusiones teóricas, doctrinarias y desde el punto de vista filosófico, que no tiene relación con la realidad. Una parte de la discusión debe ser teórica, pero los psicólogos, antropólogos, sociólogos deben poder aportar a este debate. La reforma del Código Penal parecería no estar basado en datos.

Según los estudios de Schargrodsky, si se compara una muestra de adultos excarcelados desde 1998 hasta 2007 en el Servicio Penitenciario Bonaerense, se puede determinar que la tasa de reincidencia posterior de las personas que habían estado presas en el pasado alcanzó el 39,5%, duplicando la de los que finalizaban su primera experiencia carcelaria, entre quienes reincidió el 19,7%. De esta manera, el rector de la UTDT explica que quien pasó por una cárcel tiene una mayor tendencia a la reincidencia.

El académico explica las causas de los casos de reincidencia: “A veces tiene que ver con una cuestión psicológica, dependiendo del tipo de delito; o con la difícil reinserción laboral de la persona que estuvo en la cárcel. En otros casos, tiene que ver con que hay unidades carcelarias muy deterioradas que generan lo que se llama un efecto criminógeno, por lo que la persona sale con un carga de violencia y un conocimiento mayor de cómo desarrollar actividades criminales más severas. Todo eso existe y lo debemos atacar. Lo que no podemos es ignorar la reincidencia, como se propone en el anteproyecto de reforma del Código Penal, que ignora la reincidencia como agravante. Porque, sin duda, toda la evidencia empírica indica que esto ocurre. El que cometió delitos en el pasado es más proclive a cometerlos en el futuro, y podemos hacer cosas sobre sus causas, pero no podemos ignorar el problema, que es la información que necesitan y deben utilizar los jueces al momento de tomar sus decisiones”, dice.

Como alternativa para aquellos que cometen su primera experiencia delictiva, Schargrodskydefiende el uso de la pulsera magnética: “Es un sistema que es punitivo, pero que a la vez no separa a la persona de su familia y le permite seguir trabajando, estudiando. Encontramos en la provincia de Buenos Aires menores casos de reincidencia cuando se ponen en práctica dichas pulseras”. Los estudios determinan que la detención domiciliaria bajo monitoreo reduce la reincidencia en más de 11%.

Como conclusión, Schargrodsky remarca: “El mensaje que quiero dar es que el diseño de las políticas de seguridad tiene que responder siempre a la evidencia empírica y debemos diseñar políticas públicas y escribir un Código Penal en base a datos fácticos”.

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