POLITICA
22 de septiembre de 2025
Elaboraron una guía anticorrupción para la administración pública, que busca fortalecer la integridad de las instituciones
Lo hizo a través de la Oficina Anticorrupción con el fin de implementar políticas de ética y transparencia
La Oficina Anticorrupción aprobó la “Guía para la Elaboración de Programas de Integridad en el Sector Público Nacional”, un documento que establece lineamientos y estándares comunes para el diseño de políticas de ética y transparencia dentro de la administración pública. La medida, dispuesta a través de la Resolución 12/2025, busca fortalecer la integridad institucional y prevenir hechos de corrupción mediante la adopción de buenas prácticas y herramientas de monitoreo.
La normativa establece directrices que serán difundidas entre los distintos organismos a través de la Red de Enlaces de Integridad, creada en 2019 y que, a través de ella, se “materializa el acompañamiento institucional y la cooperación que la Oficina Anticorrupción brinda a los distintos organismos, constituyéndose como un canal formal y coordinado en cuyo ámbito se articulan acciones, se comparten buenas prácticas y se fortalecen capacidades institucionales”.
El manual aborda desde la planificación estratégica, el análisis y gestión de riesgos, hasta la implementación de mecanismos de control, la promoción de una cultura organizacional de ética y la gestión de conflictos de intereses, es decir que “adopta un enfoque metodológico integral, que comprende desde la planificación hasta el monitoreo y evaluación, e incorpora componentes esenciales”.
Entre los componentes esenciales que la conforman se destaca la promoción de una cultura organizacional de ética y transparencia, la gestión de conflictos de intereses y de declaraciones juradas, la integridad en las contrataciones, la participación ciudadana y la implementación de mecanismos de denuncias y consultas. Mientras que en “su primera parte se ofrecen orientaciones para construir capacidades sostenibles que consoliden prácticas perdurables en el tiempo”.Dentro de los argumentos mencionados, la Oficina Anticorrupción se basa en las obligaciones asumidas por la Argentina en la lucha contra la corrupción, fijando criterios de prevención y mecanismos para la detección, minimización y sanción de irregularidades que puedan darse en el ámbito estatal, detallando que el país “ha suscripto la Convención Interamericana contra la Corrupción (Ley Nº 24.759), la Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales (Ley Nº 25.319) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Ley Nº 26.097)”.La estrategia se apoya en el marco legal argentino que comprende la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (Ley 25.188), la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 27.275), la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (Ley 27.401), el Código de Ética Pública y otras normas concordantes, así como en instrumentos como el Plan Nacional Anticorrupción y la Estrategia Nacional de Integridad.
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