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12 de agosto de 2025

Fentanilo mortal: secuestran las historias clínicas de un sanatorio en Córdoba y sospechan que hubo muertes sin registrar

Ya son 76 los fallecidos por el medicamento de HLB Pharma. El juez Kreplan cree que hay una “cifra negra” de víctimas. Organizan el retiro del medicamento adulterado de los hospitales y clínicas

El juzgado federal de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak ordenó allanar la Clínica Vélez Sarsfield de la ciudad de Córdoba en busca de las historias clínicas de los pacientes internados allí desde el 1 de abril hasta el viernes 8 de agosto. La decisión se tomó porque la dirección del establecimiento no respondió a los requerimientos del Jugado Federal en lo Criminal y Correccional N°3, para que les envíen la documentación completa y no solo los cuatro pacientes -uno de ellos fallecidos- que el instituto privado decidió dar a conocer como infectados con el fentanilo de uso clínico del laboratorio HLB Pharma Group SA a los que se los trató con ampollas del Lote 31202 producidas el 18 de diciembre de 2024. El caso más dramático es el de Giovanni un bebé que había nacido por cesárea el 26 de abril transcurrió sus primeras horas de vida sin problemas; sin embargo, hoy lucha por su vida luego de haber recibido una dosis del fentanilo adulterado con dos tipos de bacterias: Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, detectadas tanto en los envases de vídrio color caramelo, como en las muestras de hemocultivos (cultivo microbiológico de sangre).

 

La decisión del juzgado federal de La Plata no es menor. Evalúan que, al menos hasta el momento, las autoridades de ese efector sanitario no han podido rendir cuenta de las presuntas dosis contaminadas adquiridas y que se supone fueron aplicadas.

 

En diálogo con Mitre Córdoba Claudio Pereyra Sueldo, director médico de la clínica Vélez Sarsfield detalló la institución adquirió unas “1.100 ampollas”,Un número menor 1.702 una cifra que consta en la documentación oficial que atesora el magistrado. De esa cantidad, siempre según el registro judicial, la clínica Vélez Sarsfield habría administrado 1.696 dosis y 6 quedarían en stock, preservadas ya que la ANMAT prohibió su uso a partir del 11 de mayo de 2025. El juzgado quiere conocer exactamente a qué pacientes se les aplicó el fentanilo contaminado -si es que esto sucedió- y cuál es su condición clínica, su estado de salud. Inquietud que las autoridades de la clínica no supieron responder. Para los investigadores existen varias posibilidades:

 

Por estas razones el juez Ernesto Kreplak decidió allanar la institución y que todas las historias clínicas sean remitidas a su despacho para ser analizadas.

Por último, el director médico aseguró que: “De los cuatro pacientes, dos fueron dos pediátricos y dos adultos. Uno es de público conocimiento, que es el neonato que todavía está en la institución. Otro de los pacientes falleció, en el medio tenía un síndrome neoplásico bastante avanzado. Y los otros dos fueron dados de alta sin ninguna secuela y sin ningún problema”, precisó.

La situación de la provincia mediterránea es particular. El gobierno del justicialista Martín Llaryora no adquirió medicamentos de HLB Pharma, mucho menos fentanilo. Pero sí lo hicieron 18 clínicas y sanatorios privados.

 

Según le dijo Kreplak de manera exclusiva a este medio el viernes pasado, cada una de las ampollas de fentanilo contaminado declarado por los efectores sanitarios están preservados y sin uso en unos 200 hospitales, clínicas y sanatorios. Cada una de ellas están inventariadas, salvo que se halla falseado la información y “desviado al mercado negro”. Si bien es poco probable que esto ocurriese, no está descartado por esa razón el juzgado contrastará los remitos de compra con los reportes de aplicación volcada en los libros e historias clínicas que aparezcan inconsistencias entre los casos de ampollas contaminadas consumidas y la cantidad de enfermos y fallecidos. Para el juzgado este es “el corazón de, de la cifra negra”, de pacientes fallecidos que hasta ahora son 76, pero los investigadores sospechan que el número es más alto. “Esto no llegó al techo, lamentablemente con el correr de los días puede incrementarse el número de víctimas”, avisó el juez.

El jueves pasado funcionarios de la ANMAT se reunieron el juzgado federal de La Plata para coordinar el retiro de las ampollas de fentanilo de HLB Pharma y almacenarlas de manera segura y bajo custodia.

 

En diálogo exclusivo con este medio, Kreplak detalló el complejo entramado de investigación que demanda el caso, dado que el fentanilo increíblemente no tiene trazabilidad en Argentina y que muchos hospitales y clínicas trabajan las historias clínicas de sus pacientes de manera precaria, sin sistematizar y en modo analógico, es decir, en papel.

“La investigación se compone de dos universos. Por una parte, las víctimas que los hospitales voluntariamente deciden informar. El sistema es un sistema voluntario donde el Estado no tiene la información suficiente para controlarlo de ninguna manera. Esta es la realidad con la que nosotros nos encontramos. No era información que tuviésemos disponible con anterioridad. La vamos obteniendo a partir de las medidas probatorias que se van llevando adelante. O sea que el hospital que quiere, que cree que tiene un caso que entra dentro de los criterios de casos que están en el reporte del Ministerio de Salud, lo denuncia y si no lo hace el Ministerio de Salud, ni ningún otro organismo público, tiene la capacidad de decirle ‘usted no lo hizo, usted no informó’ la supuesta muerte de un paciente asociado al fentanilo contaminado. Frente a eso, nosotros hicimos un trabajo de hormiga y rapidísimo por lo que implica ese trabajo. En menos de tres meses lo tenemos prácticamente terminado para saber quiénes son los hospitales que deberían con alta probabilidad, haber denunciado o estar denunciando casos que ingresan en este universo”, explicó el magistrado.

 

Por el caso hay 24 personas sospechosas cuyos bienes ya fueron embargados. El Juzgado Federal N°3 de La Plata allanó los laboratorios Ramallo y HLB Pharma al inicio de la investigación y a partir de ahí supo cuáles eran las droguerías a las cuales les habían vendido, que también se allanaron.

 

A partir de esta labor el juez y su equipo reconstruyeron que aproximadamente 42.000 ampollas se aplicaron en todo el país.

 

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