POLITICA

31 de mayo de 2014

EL VICEPRESIDENTE DE LA NACIÓN.... NO PUEDE SER ARRESTADO

‎‎EL VICEPRESIDENTE DE LA NACIÓN.... NO PUEDE SER ARRESTADO SIN PREVIA REMOCIÓN DERIVADA DE JUICIO POLÍTICO ó RENUNCIA ACEPTADA‎ (Doctrina constitucional. Ley de fueros)

 ‎‎EL VICEPRESIDENTE DE LA NACIÓN.... NO PUEDE SER ARRESTADO SIN PREVIA REMOCIÓN DERIVADA DE JUICIO POLÍTICO ó RENUNCIA ACEPTADA‎ (Doctrina constitucional. Ley de fueros)

 

 

 

Néstor Fabián MIGUELIZ / abogado, investigador, iuspublicista

nfmigueliz@gmail.com

 

 

(El juez)..."lo puede detener porque no tiene exención de arresto".

"El juez Lijo después de la indagatoria puede reveer su detención y quedar preso"

(Diputada de la Nación, Elisa María Carrió; CABA, 6 de febrero 2014)

 

 

Se ha conocido en las últimas horas, la decisión de un juez competente (que entiende en la investigación penal respecto del denominado caso "Ciccone") citando a declaración indagatoria al vicepresidente de la Nación.

 

El juez aún no ha resuelto medida procesal alguna. Más tarde o temprano lo hará. 

 

Concretada la indagatoria, podrán darse dos situaciones: la existencia o no de elementos meritorios dando sustento legal para que el juez ordene alguna medida restrictiva de la inmunidad de arresto, prerrogativa de la que gozan algunas autoridades constitucionales (legisladores, el presidente y el vicepresidente de la Nación; los ministros del Poder Ejecutivo y los jueces integrantes del Supremo Tribunal federal).

 

Pero una orden de detención contra el vicepresidente -más allá de las connotaciones institucionales y/o políticas que ella trae aparejada para la salud de la República- no podrá hacerse efectiva sin poner en marcha el mecanismo constitucional del juicio político, y la necesaria intervención previa del Congreso de la Nación.

 

Tal lo establece -desde el año 2000- la denominada "ley de fueros" (Nro. 23.520), que instituye un "regimen de inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados", reglamentando así vagos contenidos constitucionales; y -con mayor fuerza- "desterrando" serios obstáculos que legislaban varios códigos provinciales de procedimiento en materia penal.

 

Textualmente, el primer artículo de dicha normativa, establece:

 

"En el caso de dictarse alguna medida que vulnera la inmunidad de arresto, la misma no se hará efectiva hasta tanto el legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político no sea separado de su cargo. Sin perjuicio de ello el proceso podrá seguir adelante hasta su total conclusión. El tribunal solicitará al órgano que corresponda el desafuero, remoción o juicio político, según sea el caso, acompañando al pedido las copias de las actuaciones labradas expresando las razones que justifiquen la medida".

 

 

En conclusión, si fuera así la decisión judicial, el magistrado debería dirigirse a la Cámara de Diputados para promover desde alli -y muy fundadamente- la respectiva acusación ante el H. Senado, que -eventualmente- funcionaría como tribunal de juzgamiento político. Todo ello, conforme al instituto creado por nuestra Carta Fundamental desde su primigenio texto (1853/60).-

 

Luján, mayo 30 de 2014.-

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