El debate sobre la regulación de las redes sociales en Brasil se vuelve cada vez más polémico. La semana pasada se reanudó en el Supremo Tribunal Federal (STF) el juicio sobre la constitucionalidad del artículo 19 del Marco Brasileño de Derechos Civiles en Internet, una ley de 2014. El artículo se refiere a la responsabilidad de las plataformas digitales por los contenidos ilegales publicados por los usuarios, como la incitación al odio, la desinformación, la incitación a la violencia y los delitos contra niños y adolescentes. En diciembre, al inicio del juicio, tres jueces del STF, Dias Toffoli, Luiz Fux y Luís Roberto Barroso, actual presidente de la Corte Suprema, se pronunciaron a favor de endurecer las obligaciones de las plataformas. El cuarto juez que votó la semana pasada, André Mendonça, expresó su desacuerdo y votó a favor de mantener, en general, el modelo actual, considerando que el artículo 19 es conforme a la Constitución. La próxima audiencia del proceso está prevista para el miércoles 11.

“Esto supondrá la externalización de la censura en Brasil, incluida la censura preventiva, ya vigente en el país con la eliminación de los perfiles de los opositores al actual Gobierno de las redes sociales a petición del STF. Para evitar problemas, las plataformas se anticiparán a las solicitudes de eliminación presentadas por terceros”, escribe el periodista Mario Sabino en el sitio web de noticias Metrópoles. “En la redacción del artículo 19 —explica un editorial del sitio web de noticias Gazeta do Povo— el legislador tuvo la clara intención de proteger la libertad de expresión, incluidos, y en particular, los discursos incómodos, contradictorios y críticos”. “Solicitar una decisión judicial antes de eliminar un contenido representa una protección contra la tentación, tan común hoy en día, de etiquetar como ofensivo o desinformativo lo que simplemente desafía el pensamiento o molesta”, concluye el texto.

En cuanto a las Big Tech, piden mayores garantías para evitar la inseguridad jurídica en el entorno digital en Brasil. A la cadena de televisión CNN Brasil, Google envió un texto en el que dice que “la abolición de las normas que separan la responsabilidad civil de las plataformas de la de los usuarios no contribuirá a poner fin a la circulación de contenidos indeseados en Internet”. “El marco normativo sobre los derechos civiles en Internet puede y debe mejorarse, siempre que se establezcan criterios y garantías procesales para evitar la incertidumbre jurídica y la eliminación indiscriminada de contenidos”, se lee en el documento. Google ha declarado que identifica y elimina cada año “cientos de millones de contenidos” que violan las normas de sus plataformas, pero que no puede gestionar lo que denomina “contenidos controvertidos”. “La acción judicial en estos casos es uno de los puntos más importantes del Marco Brasileño de Derechos Civiles en Internet, que reconoce el poder del poder judicial para actuar en estas situaciones y trazar una línea divisoria entre el discurso ilícito y la crítica legítima”, concluye el texto.