INTERNACIONALES
31 de mayo de 2025
Una ONG nicaragüense exigió justicia por los menores asesinados durante la represión del régimen de Ortega en 2018
El Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica acusó a la dictadura sandinista de implementar una política de terrorismo de Estado, mediante una violencia que no distingue edades ni derechos
La ONG Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de En la víspera del Día Internacional de la Infancia, la organización difundió un comunicado en el que “responsabilizó” al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por los acontecimientos y la violencia de aquel abril, que se saldaron con la muerte de al menos 29 niños y niñas, entre ellos uno de tan solo cuatro meses y otro de tres años.Según recordó el Colectivo, aquel fue uno de los casos más crueles de la represión de la dictadura, que ordenó a “paramilitares quemar la casa” en Managua, cuando “toda la familia estaba dentro”, el 16 de junio.También, el texto lamentó la muerte de Álvaro Conrado, un joven de 15 años asesinado cuatro días más tarde “por un francotirador y a quien médicos de hospitales estatales le negaron la atención médica”.“Su muerte simboliza la barbarie de un régimen que practica el terrorismo de Estado mediante una violencia que no distingue edades ni derechos”, denunció la ONG.
“Seguimos exigiendo justicia y verdad para las víctimas, reafirmando nuestro compromiso de recordar, denunciar y luchar por una Nicaragua en la que los derechos de las niñas, niños y adolescentes sean respetados, protegidos y promovidos”, cierra el texto.
La crisis política y social que atraviesa Nicaragua se remonta a abril de 2018, cuando estallaron masivas protestas tras el anuncio de reformas a la seguridad social. Estas manifestaciones, que inicialmente respondían a demandas sociales, pronto se transformaron en un movimiento que exigía la renuncia de Ortega, quien entonces acumulaba once años en el poder. Enseguida, la dictadura ordenó una fuerte represión estatal y paramilitar, que derivó en una ola de violencia y encendió las alertas en toda la comunidad internacional.El secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, Álvaro Leiva, constató, entonces, que la mayoría de estos crímenes habían sido perpetrados por fuerzas paramilitares, cuyo objetivo era infundir miedo entre la población para frenar las manifestaciones.
Este escenario se agravó aún más tras las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, y aumentó la persecución contra sus principales contendientes.
En consecuencia, múltiples referentes disidentes fueron encarcelados y en casos hasta expulsados del país y despojados de su nacionalidad y derechos políticos, profundizándose la crisis institucional y el aislamiento internacional del régimen.COMPARTIR:
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