POLITICA

6 de mayo de 2015

Código de Ordenamiento Urbano: por un Municipio con agenda estratégica para el desarrollo de Luján

El Código de Ordenamiento Urbano (COU) es un instrumento normativo que regula los usos del suelo, en el marco de un esquema de planificación territorial. Al no existir criterios de planeamiento, el COU termina perdiendo su finalidad y razón de ser.

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Código de Ordenamiento Urbano: por un Municipio con agenda estratégica para el desarrollo de Luján

El Código de Ordenamiento Urbano (COU) es un instrumento normativo que regula los usos del suelo, en el marco de un esquema de planificación territorial. Al no  existir criterios de planeamiento, el COU termina perdiendo su finalidad y razón de ser.

La planificación territorial, en el marco de una agenda estratégica, es el gran desafío que tenemos como sociedad porque es una herramienta indispensable en la búsqueda de mejorar nuestra calidad de vida.

La situación del Partido de Luján es compleja: desde la llegada de la Autopista en 1998, el conjunto del distrito pasó a formar parte de un sistema urbano de enormes dimensiones, como es la Región Metropolitana de Buenos Aires.

De esta manera, un Partido de perfil rural, dotado de un amplio rango de servicios ambientales, un diseño urbano típico de ciudades del interior bonaerense y un patrimonio cultural e histórico inigualable, se encuentra repentinamente en un contexto de intenso crecimiento, con nuevas funciones en el concierto metropolitano y con la necesidad inminente de un reordenamiento territorial.

El tiempo no está de nuestro lado y urge a las definiciones: día a día sufrimos una ciudad cada vez más disfuncional, con un tránsito caótico y problemas complejos de segregación residencial. Los lujanenses vivimos una ciudad “ajena”, que crece sin rumbo claro, indeterminado por sus ciudadanos.     

En el marco de esta complejidad, la respuestas a la pregunta básica “qué ciudad queremos los lujanenses” no está explicitada en el proyecto de código. Este cuadro se ve agravado por la inexistencia de estudios técnicos  que den soporte al proceso de toma de decisiones en las discusiones del COU.

No existen estudios demográficos, socio-económicos, de movilidad, ambientales, de riesgos, que permitan un diagnóstico preciso de la situación del conjunto del Partido. Como analogía, podemos pensar en un cirujano que pretende operar a un paciente sin saber exactamente su enfermedad, ni tan siquiera un análisis pre quirúrgico.

Así, el “debate” por el COU termina siendo una mera discusión de rezonificaciones de los usos del suelo, con un “pequeño” detalle: no se pone en tela de juicio quien capta la plusvalía urbana.

Es decir, en el proceso de rezonificación, una parcela puede aumentar automáticamente la rentabilidad del suelo por una mayor capacidad constructiva. Esta renta extraordinaria la capta el dueño del terreno, a costa del conjunto de la sociedad.

Existe un proyecto de ordenanza para regularizar esta situación pero se esgrime, “ingenuamente”, que es una norma paralela al COU evidenciando nuevamente la falta de una agenda estratégica soportada en políticas públicas.

En ciudades con un gobierno serio esta situación es impensada: la gestión y uso  del suelo es, en definitiva, el único ámbito de injerencia propia de los Estados municipales.

Nuestro Estado Municipal, completamente deteriorado, continúa desatendiendo,  por falta de idoneidad o por complicidades, su principal  fuente de recursos tributarios: la gestión del suelo.

Una trama de especulación económica e  intereses particulares y sectoriales descansan detrás de una norma compleja y vital para la calidad de vida de los ciudadanos. Por eso, la inexistencia de ámbitos de participación ciudadana en el propio COU vuelve irrelevante la experiencia y las recomendaciones aportadas –por ejemplo- por La Brújula, dejando en evidencia que los intereses del gobierno municipal se contraponen al bien común.

La nueva normativa debe contemplar en su texto la creación de un Banco Público de excepciones, que elimine de una vez y para siempre la discrecionalidad y la falta de transparencia en su otorgamiento.

Deben también incluirse mecanismos de consulta popular sobre las futuras modificaciones y la apertura de instancias de participación abierta que faciliten el control ciudadano del uso del COU. Cualquier vecino debiera saber si en su barrio se pueden construir dos departamentos por lote, un edificio de doce pisos o un centro comercial.

El único COU factible es el que garantice el acceso a la tierra sin intermediarios, más que el propio Estado, por parte de los sectores populares y los trabajadores, como los planes PROCREAR o las miles de familias que deben relocalizarse o regularizar su situación dominial.

La próxima gestión municipal debe tomar una decisión trascendente: erguirse como un planificador tenaz, capaz de canalizar inversiones públicas y privadas hacia la generación de espacios urbano residenciales, contemplando los nuevos modos de producción de bienes y servicios, tarea indelegable en la  que ha permanecido ausente.

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