16 de abril de 2013

PELIGRA LA REPÚBLICA ?

LA NECESARIA SEGURIDAD JURÍDICA
Y LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL

 

PELIGRA LA REPÚBLICA ?

 

 LA NECESARIA SEGURIDAD JURÍDICA

Y LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL

 

 

Néstor Fabián MIGUELIZ

                                                                                                                                                                                                                                                 ABOGADO, INVESTIGADOR, IUSPUBLICISTA

 

 

 

 

 

“Tampoco hay libertad

si el poder judicial no está separado

del legislativo ni del ejecutivo.

Si va unido al poder legislativo,

el poder sobre la vida y la libertad

de los ciudadanos sería arbitrario,

pues el juez sería al mismo tiempo legislador.

Si va unido al poder ejecutivo,

el juez podría tener la fuerza de un opresor”

MONTESQUIEU[1]

 

 

      

(Segundo capítulo del ensayo jurídico “Con el objeto de… afianzar la Justicia” /”El nuevo marco del ejercicio de las atribuciones presidenciales y la reforma reglamentaria del Senado para el nombramiento de los magistrados y demás funcionarios federales de la Justicia y del Ministerio Público, contribuyen -por medio de la transparencia- con la necesaria seguridad jurídica”, publicado en 2004, por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios, del Senado de la Nación; 2004)

 

   Discernir sobre la seguridad jurídica no es el objeto del presente trabajo. En cambio, nos referiremos a ella en cuanto vinculada estrechamente con la independencia del poder judicial. Es decir, presentando analíticamente la cuestión que no ocupa, diremos que la realización republicana de esta última contribuye -y en mucho- con la necesaria seguridad jurídica que se espera impere en un estado de derecho como el argentino.

 

   Equivocadamente o, la más de las veces, interesadamente, se identifica el término con ciertas garantías -o quizá con ciertas “garantizadas ganancias”- asociadas casi naturalmente con las posibilidades rentísticas de capitales de inversión, sean estos argentinos o extranjeros.

 

   No se trata de desconocer las legítimas pretensiones de lucro y/o renta que, esencialmente, procuran dichos capitales que se afincan en la República al amparo de nuestro liberal sistema capitalista. Se trata sí de otorgar al valor “seguridad jurídica”, un alcance lo más científico y neutro posible, una suerte de “razonable medida” y una legitimidad desinteresada, y -mucho más importante aún- de predicarlo respecto de todos los individuos que habitan en nuestra sociedad. Por lo tanto, la seguridad jurídica constituye un bien cuyos beneficios deben derramarse sobre toda la comunidad organizada bajo la estructura estatal.

 

   Por ejemplo, debe garantizarse el respeto del derecho de propiedad de los empresarios y/o fabricantes, pero también debe garantizarse el respeto de los derechos de consumidores y usuarios de bienes, más o menos cautivos según el caso, respecto de la relación jurídica que los une con los anteriores que facturan tales productos y/o prestan dichos servicios[2]. Lo mismo, respecto de demás cuestiones y/o ámbitos más o menos relacionados con la vida diaria[3]. Es decir, se trata de desterrar una falsa discusión acerca de ciertos significados, como -por ejemplo- el denominado “garantismo”[4].

 

   El tema ha sido más que abordado en los últimos años en la República Argentina. Y -mucho más intesivamente- a partir de la oleada privatizadora de servicios públicos inaugurada a partir de la década de 1990[5] y hasta nuestros días, sin dejar de tener presente el epicentro de la crisis institucional desencadenada a fines de 2001[6].

 

 

 

 

   2. 1. Evolución del concepto.

           Ahora bien, ... qué es o qué elementos constituyen la seguridad jurídica?

   “Al hacer justicia -ha escrito bien un legendario maestro del derecho- no se trata de considerar oportunidades ni conveniencias, ni de hacer una cosa hoy y la contraria mañana, ni de marchar por los contrapuestos caminos de la opinión, sino de cumplir los preceptos definidores del derecho romano: vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada cual lo suyo”[7]. Son suficientes elementos para una definición.

 

   El mismo Alberdi, y no solamente en “Las Bases” sino también en otros escritos públicos,  nos ayuda intelectualmente para develar el alcance de ciertos términos.

 

   “La propiedad, la vida , el honor, son bienes nominales cuando la justicia es mala. No hay aliciente para trabajar en la adquisición de bienes que han de estar a la merced de los pícaros”, escribe en 1852.

 

   Un año después -cuando la República jura su flamante Estatuto- el jurista saluda el hecho publicando: “La navegación, el comercio, la industria, estos agentes soberanos de la prosperidad de Sud América, reportan hoy una victoria espléndida en la ley fundamental, que el pueblo argentino, con la mano sobre el evangelio, jura respetar y sostener en adelante”. Y así crea “todo un armazón institucional cuyas piezas componentes se vinculaban las unas con las otras a través de una rigurosa disposición ideacional”, al decir del investigador Alberto Castells [8]. En sus trabajos económicos, no se priva el tucumano de modelar políticas de estado cuya actualidad -se comparta o no el criterio- aún sorprende[9].

  

   Hoy, pareciera que el concepto se predica de otro modo o, quizá, teniendo en mira distintos intereses. Queda claro pues que, en 1853, no se hablaba de seguridad jurídica. El centro del debate político institucional del momento estaba enderezado a la conveniencia y oportunidad sobre la constitucionalización de aquello que había nacido en 1810 y que necesitaba de estructura jurídica basamental estable.

 

    Pues bien, desde mediados del siglo XIX hasta esta parte, las cosas han cambiado en la República Argentina. Hoy llamamos seguridad jurídica a otro estado de cosas o a otra situación. Y la definición de tal concepto o de sus alcances, resultan inescindiblemente unidos a la tan procurada independencia del Poder Judicial[10].

 

   Inclinándonos hacia un criterio objetivo definitorio, podríamos decir que es “la probabilidad de prever en qué medida se cumplen las normas de derecho”. ”Cuánto más elevada sea esa probabilidad, - se nos dice- más grande será la seguridad jurídica”. En la misma línea doctrinaria -pero con una orientación kelseniana o positivista- la seguridad jurídica “consiste en la posibilidad de prever la cantidad de eficacia que tienen las normas jurídicas”. Así, y consecuentemente, se identifica “la eficacia de las normas” con la seguridad jurídica, concluye Jorge A. Bacqué.

 

   Independencia e imparcialidad son elementos desmenuzados científicamente por Augusto Morello. El jurista, cuando nos habla de una suerte de “estatuto de garantías objetivas,...a lo que debe añadirse “un estado de espíritu de la gente”, considera a la independencia “como una actitud en el ejercicio general y permanente, concreto, de la función judicial”. Enumera tres ingredientes -a los que califica como “transparentes, continuos y efectivos”- para obtener la tan preciada independencia, siendo ellos la inamovilidad, la seguridad financiera y la autonomía institucional. Pregona Morello la existencia principal de un estatuto en el ejercicio de la función judicial, “una relación con otro, particularmente con el órgano ejecutivo de gobierno que reposa sobre condiciones y garantías objetivas”.

 

   “El rostro de la imparcialidad se evidencia en la ausencia de perjuicios; en nada que haga creer que los jueces en ese asunto son parciales”, ha escrito, definiéndola como una actitud del tribunal que “connota una ausencia de prejuicio, real o aparente”.

 

   Acerca de la seguridad jurídica, escribe Morello describiendo un trípode sostenedor del estado de derecho y que “operan como dique de contención, límite de poderes y derechos, y plataforma de realización de las garantías”. Lo integran el principio de legalidad, el de razonabilidad y la seguridad jurídica.

 

   Es Alberto A. Spota quien plantea que tanto la seguridad jurídica como la independencia de los jueces son temas propios del estado de derecho, al que otorga una “vida” de entre 250 y 300 años. Y hace categórico hincapié en “una fuerte y tajante división de poderes”. “Casualmente -agrega el maestro argentino- ha habido seguridad jurídica cuando ha habido división de poderes dura, fuerte, exigente, agresiva,...”[11]

 

   Pero,.... en qué consiste -en concreto- la seguridad jurídica asociada con la independencia judicial?

   Pues, en la posibilidad de prever “cuál será la respuesta de los jueces a través de sus fallos ante los asuntos que son sometidos a su examen,... o la posibilidad de prever, dentro de ciertos límites, cómo serán los criterios que acuñen los magistrados en sus decisiones ante una cuestión determinada a su arbitrio”. Ahora bien, lo que se ha dado en llamar “la previsibilidad de las decisiones de los magistrados”, solamente puede tener lugar “cuando existe en todo el pueblo la convicción de que es imperioso que sus jueces sean independientes, es decir que sólo obedezcan a su propia conciencia”[12]

  

   En los últimos años, como decíamos, el concepto ha acaparado atenciones, fundado el hecho en las difìciles situaciones institucionales por las que atravesó el Estado argentino. Nos referimos a la inseguridad jurídica reinante a partir de la cuasi-ruptura del estado de derecho, lo que no ocurrió de un día para el otro, pero que se tornó incontrolable a partir de los finales del año 2001[13].

 

 

 

 

   2.2. Las inseguridades argentinas.    

          Ilustrar ahora qué entendemos por situaciones o hechos que generan inseguridad jurídica resulta más que interesante. Y no menos preocupante, la responsabilidad que le cabe al Estado en la cuestión[14]. Porque, conforme la comprensión conceptual antes aludida, deberá ser siempre la autoridad de los jueces quien procure -claro está, por medio de su función constitucional, “la jurisdiccional” y ejercida en un caso concreto- el restablecimiento de la seguridad jurídica a través de la realización del valor “justicia”.

 

   Se ha dicho, por ejemplo, que “no puede haber ni habrá seguridad jurídica para nadie mientras no empiecen a respetarse los derechos sobre la propiedad, sobre el trabajo y sobre la seguridad de los ciudadanos argentinos en su propio país y que para ello debe ratificarse en primer lugar la vigencia del único contrato social válido que es la Constitución Nacional”[15]. El Banco Mundial asocia los conceptos seguridad jurídica con el de “riesgo país”, tan mentado no hace mucho. “Los mercados descansan sobre una base institucional y no pueden alcanzar gran desarrollo sin unos derechos de propiedad eficaces”, los que así lo serán “si se cumplen tres condiciones....la protección contra el robo, la violencia y otros actos predatorios,... la protección contra la arbitrariedad de las instancias gubernamentales -desde reglamentos e impuestos especiales imprevisibles hasta la corrupción declarada- que perturban la actividad comercial. ...La tercera condición es un poder judicial razonablemente justo y previsible”[16].

 

   Las voces que reclaman por la seguridad jurídica son disímiles y pertenecen a distintos sectores, cuando no es el conjunto de la ciudadanía todo, en procura y defensa de sus legítimos derechos e intereses, con actividades desarrolladas en el país y en el exterior[17]. El congreso estadounidense, analizando aspectos de la crisis argentina, ha expresado recientemente que “las salvaguardias contra la apropiación de la propiedad privada por parte del gobierno son débiles”, para agregar luego que “el sistema judicial tiene fama de ineficiente y corrupto”[18]. Y, recientemente,  el 77,5 % de las empresas europeas en la Argentina cree que la inseguridad jurídica y personal “es la principal desventaja que tiene el país  para atraer inversiones”[19].

  

 

  

 

      2.3.  La seguridad jurídica, la independencia judicial y la integración del Supremo Tribunal argentino.

           Como se advierte facilmente, el acto institucional de designación de los ministros de la Corte Suprema contiene dos etapas, en virtud de sendas manifestaciones positivas, que deben cumplirse en ámbitos de distintos poderes del estado[20].

 

   Podríamos decir que, para la integración de la cabeza del Poder Judicial -el último intérprete de la Constitución, según el difuso control de constitucionalidad[21]- es la misma Carta Magna la que procura una suerte de consenso interpoderes dividiendo y -simultáneamente- complementando el acto entre los dos restantes (ejecutivo y legislativo)[22]. Se trata de una serie de pasos constitucionales destinados a concluir con el nombramiento de un  magistrado para el Supremo Tribunal. Los protagonistas de tales pasos o de esta complementación integrada de decisiones resultan el presidente de la Nación y la Cámara Alta del Congreso de la Nación[23].

 

   Se ha dicho, fundadamente, que “... la incorporación de requisitos tales como una mayoría agravada y la celebración de una sesión pública son dos elementos que coadyuvan a la legitimidad de la designación”[24], y ello se debe a incorporaciones resultantes de la última reforma constitucional[25].

 

   Pero antes de ello, la cuestión generaba dificultades serias que debilitaban la gobernabilidad y, peor aún, sembraba fundadas sospechas acerca de la cada vez menos disimulada dependencia política de la judicatura argentina[26]. El ejercicio democrático durante el período que comprende las dos últimas décadas (1983-2003) funciona a título demostrativo, aunque -como es sabido- tampoco debe generalizarse[27].

 

    Con todo debe advertirse que tanto las nuevas pautas dictadas por el Poder Ejecutivo cuanto las modificaciones en el procedimiento senatorial para el acuerdo constitucional requerido, conforman una suerte de reforma judicial, tan reclamada por amplios sectores de la comunidad en su carácter de justiciables y/o -como se ha expresado con acierto- en su condición de consumidores y usuarios del servicio de justicia[28].

 

 


[1] Charles de Secondat, Barón de la BRÈDE y MONTESQUIEU (1689-1755). “Del espíritu de las leyes”. Libro XI, Cap. VI

[2] “Los descontentos con el nuevo gobierno reclaman  por la seguridad jurídica, concepto que se aplica  tanto a la renegociación de los contratos con las empresas privatizadas y los acreedores externos como a la renovación del personal en la Corte Suprema de Justicia o los entes reguladores. Durante los tres lustros pasados esto significó superganancias con nulo riesgo para un grupo de privilegiados. Cambiar esa lógica es un campo central de debate” (Horacio VERBITSKY), en Art. periodístico “La inmunidad” (Qué es la seguridad jurídica? Sujeto y predicado), diario Página 12, 15 de junio de 2003.

[3] Deben encuadrarse aquí todos los aspectos derivados de la condición de ciudadano y/o habitante; es decir, la relación gobernantes-gobernados (derecho de petición, recambio natural de autoridades por medio del sufragio, modalidades semidirectas de democracia -consulta e iniciativa popular-), los vínculos consumidor/usuario-empresario (por medio de la participación de los primeros a través de reclamos, audiencias, etc.), la adecuada prestación del servicio de justicia, educación, salud, seguridad y defensa, etc.

[4] “Se deben interpretar extensivamente los enunciados  normativos -constitucionales y no- que acuerdan derechos (permisos, facultades, libertades) a los individuos, y que delimitan, a través de obligaciones y prohibiciones, el poder de los órganos estaduales... Debe existir separación de poderes. Eso significa que el poder debe ser distribuido lo más que se pueda, repartido en una multiplicidad de órganos, de modo tal  que estos órganos ejerciten un control recíproco y así se limiten -se obstaculicen- reciprocamente. ... El  (poder) Judicial debe ser independiente del Ejecutivo (o sea, de la mutable mayoría política), pero debe mantener una relación doble con el Legislativo (control de constitucionalidad y legitimidad indirecta democrática). ... ” (Riccardo GUASTINI), en nota “Qué es el garantismo?” -reproducción de original “Che cos’é il garantismo”, publicado en “Critica del Diritto”, Nro. 16-17, Roma, junio 1980-, en “Abogados” (revista del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal) Nº 68 (Págs. 50-51), agosto 2003.

[5] Ver diarios de la época y libro del periodista Horacio VERBITSKY. “Robo para la corona”. Los frutos prohibidos del árbol  de la corrupción. Editorial Planeta (399 páginas), 1991.

[6] No obstante ello, la acefalía del Poder Ejecutivo fue resuelta según las hipótesis previstas en el texto constitucional, la respectiva legislación (entonces, la ley 20.972) y las decisiones del Congreso de la Nación, cuyas cámaras designaron a dos sucesivos presidentes de la Nación en menos de quince días.

[7] Angel OSSORIO y GALLARDO. “Nociones de derecho político” (Pág. 70-71). Editorial  Atlántida (128 páginas), 1963.

[8] Es, en realidad, la adopción del constitucionalismo la herramienta primaria que promueve Alberdi y que -con sus beneficios- otorgará la seguridad jurídica imprescindible en cualquier estructura estatal que pretenda perdurar. Hacia 1848, sostenía en la prensa chilena que a Rosas le convenía “ceder al imperio de las ideas, hacerse reemplazar por instituciones. Las ideas, las instituciones, no buscan su sangre, sólo aspiran a realizar la dicha de todos, sin excluir ni a los tiranos, con  tal que dejen de serlo” (en Art. “Asuntos argentinos”, en periódico “El Comercio de Valparaíso”, 11 de agosto de 1848; y ver Art. “Asuntos argentinos. No es tiempo de constituir el país, o bien sea, es temprano para dejar el palacio de Palermo”, en periódico “El Mercurio de Valparaíso”, 2 de septiembre de 1851, en “Alberdi periodista en Chile”, Compiladora y estudio preliminar: Carolina BARROS). Edición limitada auspiciada por Embajada de Chile en Argentina (473 páginas). Edit. Colofón. 1997

   Ver Juan B. ALBERDI. “Bases....”, Cap. I, XVI, XXXIV y concordantes. Editorial Plus Ultra (332 páginas), 1993;  ver también “ 9 de julio: aniversario de la emancipación argentina del poder español y jura de la Constitución de 1853”, artículo publicado en “El Diario de Valparaíso”, Chile, 9 de julio de 1853 (ver también libro precitado de Carolina BARROS); ver  María Laura SAN MARTINO de DROMI. “Alberdi y la conciencia nacional”. Ediciones Ciudad Argentina (39 páginas) y notas periodísticas de

-Néstor Fabián MIGUELIZ. “El pensamiento fundante de Juan Baustista Alberdi”, bisemanario “El Civismo”, Luján, Bs. As., 7 de septiembre de 2002,

-Alberto CASTELLS. “Alberdi y la actualidad”, diario “La Nación”, 9 de julio de 2003.

[9] “La ley no podría tener ese poder, sino a expensas de la libertad y de la propiedad, porque sería preciso que para dar a los unos lo quitase a los otros, y semejante ley no podría existir bajo el sistema de una Constitución que consagra a favor de todos los habitantes los principios de la libertad y de propiedad, como bases esenciales de la legislación”, en Juan B. ALBERDI. “Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina” (Pág. 118). Ver nota de Roberto Cachanosky.  “Para Alberdi, el modelo económico está en la Constitución”, en Supl. Economía y Negocios, diario “La Nación”, 8 de junio de 2003.

[10] “En el gobierno de los hombres, no hay más que dos poderes de revisión: el poder de las armas o el de la ley. Si este último no está fortificado por una organización judicial, al abrigo de todo temor o reproche, el primero prevalecerá: las fuerzas militares dominarán las instituciones civiles. Por esto es, que los redactores de la Constitución, con profunda sabiduría, han considerado la independencia durable del sistema judicial, como la base fundamental de nuestra República....”, en Joseph STORY. “Comentario sobre la Constitución Federal de los Estados Unidos, Libro III. Capítulo XLI, parágrafo 884.

[11] “En el plano institucional, la independencia se entiende como ‘la preservación de la integridad del Poder Judicial, que funciona como una garantía de inmunidad contra toda ingerencia injustificada de los poderes legislativo y ejecutivo’ e, igualmente contra ‘toute cohabitation trop ètroite’ -demasiado ‘estrecha’, ‘íntima con ellos-’” (A. Morello). “El gobierno debe ser el resultado de transacciones de poderes fuertes, cada uno por si. Así funcionará la la libertad y la justicia. No hay otra forma, ni manera de que exista estado de derecho e independencia del poder judicial y seguridad jurídica, que no sea sobre el presupuesto de poderes constituidos realmente enfrentados” (Alberto Spota), en  Jorge A. BACQUÉ, Augusto M. MORELLO y Alberto A. SPOTA. Mesa redonda “La seguridad jurídica e independencia del Poder Judicial”. Fascículo Nº 1. Cuaderno de Doctrina (coordinación de institutos). Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. 2000.

   Ver Torcuato S. DI TELLA. “Sociología de los procesos políticos” (“La fragmentación del poder: el análisis de Montesquieu”, páginas 176-180). Grupo Editorial Latinoamericano (440 páginas), 1985.

[12] Abel CORNEJO. “La seguridad jurídica”. Nota en diario “La Nación”, 11 de junio de 2003.

[13] Ver Néstor Fabián MIGUELIZ. “La Constitución,... el mejor programa de estado y de gobierno. El sesquicentenario fundacional y el proceso presidencial en curso, imponen ahora la Constitución, la gobernabilidad y las políticas de estado” (páginas 54-57), en  “Per Epistolam” (publicación del Colegio de Abogados del Depto. Judicial de Mercedes) N° 121. Mercedes, Bs. As., 2003; y (versión periodística), en sitio web www.elportaldevillegas.com.ar/ Su opinión. Mayo de 2003.

[14] A las decisiones públicas adoptadas y a los hechos sucedidos en los últimos tiempos (restricciones a la liquidez de depósitos a plazo fijo -denominado “Plan Bonex”-, controvertidas y dudosas privatizaciones de servicios públicos, desmantelamiento de organismos de control, indultos a condenados por crímenes aberrantes, interesada ampliación de la Suprema Corte y parcialidad en la designación de jueces inferiores, retroceso en conquistas sociales y del derecho del trabajo, demora en la reglamentación legislativa de importantes institutos constitucionales como el amparo, nuevos derechos del consumidor y usuario, coparticipación federal de impuestos, consejo de la magistratura y jurado de enjuiciamiento de magistrados, etc.;, todo ello agravado a partir de la proliferación injustificada y abusiva de decretos de necesidad y urgencia -receptados también en la reforma constitucional de 1994, pero utilizados sin el funcionamiento de la comisión bicameral de control parlamentario, aún inexistente-), debe sumarse la irresponsable renuncia del vicepresidente de la Nación (en el 2000, como consecuencia política de la existencia de presuntos sobornos pagados por el gobierno nacional a favor de ciertos senadores a efectos de obtener la aprobación de la ley 25.250, “de reforma laboral”, Boletín Oficial, 2 de junio de 2000, circunstancia susceptible aún de investigación por la justicia federal), las restablecidas restricciones dispuestas a la liquidez de los depósitos y haberes (comunmente denominado “corralito financiero”), la acefalía total del Poder Ejecutivo, ante la renuncia ahora del presidente de la Nación (diciembre, 2001), la derogación de la paridad cambiaria forzosa con el dólar estadounidense (convertibilidad por pesificación asimétrica), las consecuencias de la declaración de la emergencia social, económica y financiera (Ley 25.561), la conversión de todas las deudas en pesos (decreto 214/02), etc.

   También, el CONGRESO de la NACIÓN ha decretado -en virtud de la sanción de la ley 25.779-  la “nulidad” de las leyes 23.492 y 23.521 (denominadas de “obediencia debida” y “punto final”), ya derogadas en 1998.  La cuestión, exacerbada por la solicitud de extradición de imputados argentinos de la comisión de delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra -formulada por un magistrado extranjero- ha generado un sustancioso, doctrinario e ideológico debate sobre la virtualidad jurídica de la sanción legislativa y sobre la tan meneada cuestión de la división de poderes y el control de constitucionalidad (“Cualquier espectador  avisado vería en esta maniobra un nuevo embate a la seguridad jurídica, otra estocada que borraría, en palabras de Giovanni  Sartori, el gobierno de la ley para dar paso al gobierno de los legisladores”. Natalio BOTANA, en “El blindaje del pasado”, nota en diario “La Nación”, 7 de agosto de 2003; “... si empezamos a nulificar leyes, después nulificamos decretos y después nulificamos sentencias. El antecedente nos va a dejar como república bananera. Porque el riesgo es que se empiecen a nulificar otras leyes, otros decretos, otras sentencias, que van a afectar derechos tan sagrados como los que están aquí en juego. Así la seguridad jurídica directamente se volatiliza”. Jorge R. VANOSSI, en Art. periodístico “El pasado que vuelve. Leyes del perdón”, diario “La Nación”, 17 de agosto de 2003; “El Congreso, contra la lógica más elemental, acaba de ejercer una facultad que la Constitución no le otorga.... No se trata aquí de defender o no el contenido de las leyes ‘anuladas’. Se trata de defender el  principio del respeto a la distribución de facultades entre los poderes del estado o de “división de poderes”, tal como lo concibió Montesquieu, y de respetar las garantías individuales de los individuos”. Diario “La Nación”, editorial, 24 de agosto de 2003).

   Asimismo, recientemente se han dictado ya -o se estudia su sanción y/o viabilidad- diversas normas y/o actos administrativos que poco contribuyen con la seguridad jurídica que la República Argentina debe reconstruir. Así,  la suspensión de los remates hipotecarios (Ley 25.737), los reclamados aumentos de tarifas de servicios públicos -prestados por empresas privatizadas-, la inconveniente designación de síndica general de la Nación adjunta, con lazos de parentesco con ministro del P. E. N., la alteración de derechos contractuales entre las AFJP y los eventuales y futuros beneficiarios previsionales  -por medio del decreto de necesidad y urgencia  530/03-, etc.

   Con estricta relación a la Suprema Corte, el SENADO -constituido en tribunal de enjuiciamiento político- suspendió preventivamente (9 de octubre de 2003) y luego destituyó (3 de diciembre de 2003, sesión Nro. 13, reunión Nro. 39), por mayoría de votos, al ministro Eduardo MOLINÉ O’CONNOR,  hallándolo culpable de dos de los nueve cargos que se le imputaban (“... no pueden ser motivo de ‘mal desempeño’, determinante del juicio que prevé la Constitución, las sentencias dictadas a favor o en contra de ciertas posiciones doctrinarias o precedentes jurisprudenciales, siempre discutibles según épocas y circunstancias, porque ello afectaría la independencia de los jueces”, en comunicado de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, reproducido en nota periodística “Piden no juzgar a los jueces por sus fallos”, diario “La Nación”, 27 de julio de 2003). Ver contenido de solicitada firmada por juristas Lino E. PALACIO, Eduardo AGUIRRE OBARRIO, Miguel M. PADILLA, Gregorio BADENI y otros varios “Peligroso precedente contra la independencia del Poder Judicial. Algunas reflexiones”, en diario “La Nación”,  20 de agosto de 2003. (“Juzgar políticamente a los jueces por el contenido de sus sentencias es transmitir hacia el futuro una debilidad congénita al resto de los jueces. El juicio político ya no será entonces un elemento republicano de control del desempeño, sino una instancia revisora de las sentencias. Una suerte de corte suprema fuera del Poder Judicial”, en Alberto B. BIANCHI, en nota periodística “Los jueces juzgados por sus fallos”, en diario “La Nación”, 24 de julio de 2003). Ver  versiones taquigráficas de la cámara alta y fallo destitutorio de fecha 3 de diciembre de 2003, en sitio www.senado.gov.ar / Versiones taquigráficas.

[15]  Centro Argentino de Ingenieros. Declaración  “Proyecto sustentable y seguridad jurídica”, 2002.

[16] “La conducta asumida reiteradamente por el Estado dictando normas o tomando decisiones que facultan incumplimientos arbitrarios, exacciones o dilaciones injustificadas de pagos es uno de los motivos fundamentales de la inseguridad jurídica debido a la cual aún nuestro país debe sufrir ese alto costo internacional referido” (Ver conclusiones de seminario internacional sobre “Financiación  y gestión privada de infraestructuras de interés público”. Universidad Austral,  2001).

   “... (Se trata de recuperar) las pérdidas de antes del 2002, en donde se rompieron todos los contratos de concesión... Pero necesitamos algo más que promesas porque el estado ya rompió sus promesas... El problema es que las privatizaciones de infraestructura son muy débiles en toda la región. No están consolidadas desde el punto de vista institucional” (Joseph C. BRANDT, vicepresidente AES Corporation), en nota “Algunos podrían pagar más”, en diario “La Nación”, 10 de agosto de 2003).

   “El problema es que las leyes cambian todos los días y los inversores no se deciden a tomar riesgos de mediano y largo plazo.... ; la falta de seguridad jurídica es la mayor barrera para el crecimiento y que es el tema principal de todas las consultas que hacen los inversores europeos” (Michael RAKE, presidente de consultora KPMG), en nota “Las leyes cambian todos los días”, en diario “La Nación”, 16 de noviembre de 2003.

[17] “... El problema de la seguridad jurídica es general, por los decretos cambiantes que hubo en el último año y medio;  es fundamental que haya confianza en la ley” (Johannes-Jürgen BERNSEN, gerente general de la Sociedad Alemana de Financiación de Desarrollo), en nota periodística “Alemania reclama seguridad jurídica”, en diario “La Nación”, 11 de junio de 2003.

   “... La Argentina deberá hacer un esfuerzo para honrar sus obligaciones externas”....(porque no debe olvidarse a las numerosas empresas españolas en el país)... “que han invertido y tienen contratos con el sector público... y que quieren ver respetados sus contratos...” (José VIÑALS, director del Banco de España), en nota periodística “Se debe garantizar los contratos”, en diario “La Nación”, 13 de julio de 2003.

   “... Mucha gente en Europa esperaba un golpe... Hace falta capital institucional, es decir, instituciones, que significa respetar contratos, el derecho comercial y a los bancos. La falta de confianza es uno de los principales problemas de este país, ya que tiene na fuerte relación con las altas tasas de interés que pagan los empresarios y con la gran desigualdad social  que se sufre” (Stefano ZAMAGNI, decano Facultad de Economía, Universidad de Bologna), en nota “Piden ‘paciencia’ a los acreedores del país”, en diario “La Nación”, 7 de agosto de 2003.

   “...El funcionamiento eficiente de un sistema legal que proteja los derechos de propiedad y la realización de acuerdos contractuales es un prerequisito para el fucionamiento eficiente de los mercados y contribuye al logro del bienestar colectivo” (Ricardo ARRIAZU, economista), en nota “Instituciones sólidas, desarrollo sustentable”, en diario “Clarin”, 21 de septiembre de 2003.

   “ (Cuáles fueron los principales perjuicios?) -le preguntan- ....Principalmente, la alteración del derecho, através de la ruptura de los contratos, que generó una inestabilidad jurídica muy seria. Esto no comenzó con la pesificación,... y con una serie de situaciones en las que el propio estado debió haberse mantenido al margen y que de alguna manera no tuvo el equilibrio como para no incidir en alteraciones concretas del derecho. ... Lo que requiere la inversión es estabilidad, particularmente jurídica.... El default es una situación que debe ser  transitorio, pero en términos de seguridad jurídica debe ofrecerse de alternativa para que esto encuentre una salida jurídicamente razonable” (Alberto ALVAREZ GAIANI,  presidente Unión Industrial Argentina), en entrevista “La posición del sector industrial”, en “Abogados”  (revista del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal) Nº 70 (Págs. 40-41), octubre 2003.

[18]  “Menem, en su segundo mandato, invirtió muchos esfuerzos en un inútil intento por cambiar la Constitución para que se le permitiera ser candidato a un tercer mandato consecutivo. Trató de ganar apoyo para esa reforma de  grupos especiales de interés  evitando hacer las reformas estructurales que habrían beneficiado a la mayoría y a costa para esos especiales intereses.... Para febrero de 2002, la Argentina se había transformado en un país donde nadie podía confiar en un contrato, el gobierno había congelado los depósitos, la gente se arriesgaba por comprar y vender moneda extranjera a precios de mercado, muchos bienes estaban sujetos a controles de precios y el gobierno había roto los contratos que había fomentado para mejorar la infraestructura... En el largo plazo, la Argentina enfrenta obstáculos....- imperio de la ley: como los recientes sucesos lo han demostrado, las salvaguardias contra la apropiación de la propiedad privada por parte del gobierno son débiles. El sistema judicial tiene fama de ineficiente y corrupto. Los crímenes violentos se volvieron un gran problema cuando la recesión se transformó en depresión”,  en el documento “La crisis económica de la Argentina: causas y remedios” / Comisión Económica Conjunta -Joint Economic Committee- (bicameral) / CONGRESO de los ESTADOS UNIDOS de AMÉRICA / Vicepresidente y autoridad firmante: representante Jim SAXTON (Partido Republicano-Nueva Jersey), 56 páginas. Washington, junio de 2003; completo en sitio web www.house.gov /jec/imf/06-13-03.pdf

[19] “La imagen de la Argentina no se revierte con giras mágicas y misteriosas. Se va a revertir en función de que la Argentina se comporte con márgenes previsibles, con estado de derecho, con libre comercio, con respeto a los derechos humanos. Con previsibilidad.... Hay que hacerles entender a los empresarios argentinos que las reglas van a ser iguales para todos, que se terminaron los negocios corruptos que daban superganancias, que no tenemos ninguna posibilidad de que en nueve meses se vayan miles de millones al extranjero” (Rafael BIELSA, canciller argentino, en entrevista periodística “El mote de izquierdistas es insuficiente”, en diario “La Nación”, 3 de agosto de 2003).

“Volvió el hábito de cambiar todo el tiempo las leyes en la Argentina” (Nick BOOT, presidente cámara de comercio argentino-holandesa), en encuesta realizada por las cámaras de comercio binacionales de países de la Unión Europea, en artículo periodístico “La inseguridad jurídica y personal aleja a inversores”, en diario “Ambito Financiero”, 10 de diciembre de 2003.

[20] “...Hamilton demostró con argumentos hasta hoy incuestionables que los jueces debían ser independientes para fortalecer su posición... El poder de la justicia emana precisamente de que se da por sentada su independencia, según Hamilton, de ello dependía su posición . Existe un deseo vivo y, quizá creciente de hallar opiniones ‘independientes’ en las actuales controversias políticas, tan partidistas y, a menudo, demasiado encendidas. La gente común asocia vagamente la independencia con la verdad y el partidismo con las mentiras o, la menos, con la falsía”, en Ralf DAHRENDORF, en nota “La era de los jueces”, diario “La Nación”, 22 de agosto  de 2003.

[21] Ver Fallos de la CSJN en casos “Sojo”, de 1887 (Fallos, T. 32-126), y “Elortondo”, de 1888 (Fallos, T. 33-194).

    “Considero que el peor defecto de nuestra tradición política es creer que los jueces -estoy hablando de todo el Poder Judicial- deben dar respuestas propicias y favorables al gobierno de turno; cuando lo que deben hacer es analizar con la lupa de la Constitución cada caso que les toque resolver”, en Germán J. BIDART CAMPOS. “El camino de la Constitución”, entrevista en “Abogados” (revista del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal) Nº 67 (Págs. 10-11), julio 2003.

    Ver  Jorge R. VANOSSI y Fermín P. UBERTONE. “Control jurisdiccional de constitucionalidad” (Págs. 43-95), en obra colectiva “Desafíos el control de constitucionalidad” (Víctor Bazán, coordinador). Ediciones Ciudad Argentina (483 páginas). 1996;

   Ver Osvaldo PÉREZ SAMMARTINO. “Una revolución silenciosa y perdurable. Marbury Vs. Madison: 200 años de control de constitucionalidad”, en Abogados (revista del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal) Nº 65 (Págs. 40-41), abril 2003; Daniel PRIERI BELMONTE. “La supremacía constitucional” (Págs. 21-30), en “Per Epistolam” (publicación del Colegio de Abogados del Depto. Judicial de Mercedes) N° 120. Mercedes, Bs. As., 2003.

[22] Ver Raúl R. ALFONSÍN. “La reforma constitucional de 1994”. Folleto explicativo. Editorial Tiempo de Ideas (95 páginas), 1994; y Enrique HIDALGO. “Controles constitucionales sobre funcionarios y magistrados”. Ediciones Depalma (305 páginas), 1997.

[23] “La imparcialidad política obliga al juez a abstenerse de participar, en cualquier forma, en actividades partidarias o sociales, que por su índole encierren un fin de tipo político, que puedan afectar la objetividad y soberanía de su criterio, o la circunspección de su investidura. Ahora bien, esta imparcialidad no supone apoliticidad en el sentido de una despreocupación por los fines políticos y la integridad de la comunidad”, en Roberto DROMI. “El  Poder Judicial” (La independencia judicial, páginas 33-50). Ediciones Ciudad Argentina (284 páginas), 1996.

[24] “... Los nuevos nombramientos de miembros de la Corte Suprema (operados por este gobierno o por el que lo suceda) deberán necesariamente responder a un nuevo esquema social que encuentra su justificación en el texto constitucional. De lo contrario, con cada designación desmedidamente discrecional seguirán asestándole funestos tiros de grracia al ya débil sistema constitucional argentino”, en Andrés GIL DOMÍNGUEZ. “La designación de los jueces. Su influencia en el sistema democrático”, en “Abogados” (revista del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal) Nº 63 (Págs. 42-45), febrero 2003.

[25] “... Independencia de los jueces y control de constitucionalidad se implican recíprocamente, porque la guarda de la Constitución es dato de esencia y existencia del Poder Judicial” (ver Carlos S. FAYT. “Supremacía constitucional y la independencia de los jueces”, Editorial Depalma, 1994).

[26] Ya Juan GONZÁLEZ CALDERÓN, en 1923, destacaba la inconveniencia del sistema judicial de designaciones, pues “aumenta la preponderancia del Poder Ejecutivo, conspira contra la misma independencia de los jueces, reduce el papel del Senado a la mera aceptación o rechazo de los propuestos”. Y sugería este procedimiento: “la Corte Suprema formaría un lista con diez nombres de magistrados o abogados, de allí el Poder Ejecutivo extraería una terna para presentarla al Senado y este cuerpo elegiría a uno de esa terna” (Ver “Derecho Constitucional Argentino”, Vol. III, páginas 403-409, Editorial Lajouane). Más adelante, en 1957, el mismo tratadista -y procurando previa reforma de los Arts. 86, inciso 5 y 94 de la C. N.- reformula la propuesta anterior y propone  “que la Corte Suprema presentara una lista de seis candidatos formada por magistrados,  funcionarios judiciales y miembros del foro; de dicha lista el presidente extrae un nombre para proponerlo al acuerdo del Senado; si el Senado lo rechaza propone otro de la lista, no pudiendo el Senado rechazar al tercer candidato así propuesto” (en Opiniones e Iniciativas, “Materiales para la Reforma Constitucional”, Tomo II, Págs. 89-95 y 101-102, 1957).

   “Las críticas que se han hecho al método de designación de la Constitución vigente apuntan a que por esa vía se politiza la cuestión de la integración de la justicia al hacerla depender de una propuesta  presidencial y de un acuerdo senatorial que pueden estar movidos por consideraciones de política partidaria” (El Poder Judicial, páginas 62-64), en Consejo para la Consolidación de la Democracia. “Reforma Constitucional: Dictamen preliminar del Consejo para la Consolidación de la Democracia”. Eudeba (446 páginas), 1986.

[27]  “La reforma debía procurar un Poder Judicial  imparcial e independiente. Para ello, se hacía imprescindible cambiar el sistema de designación de los jueces. El establecido en la Constitución Nacional se cumplía en la letra, pero no en el espíritu. Como no teníamos mayoría en el Senado y consecuentemente tampoco en la Comisión de Acuerdos, debíamos aceptar una práctica de distribución en las designaciones que no siempre garantizó la jerarquía que hubiéramos deseado para  todos los nombramientos del Poder Judicial” (página 170), en Raúl ALFONSÍN. “Democracia y consenso”. Editorial Corregidor / Tiempo de Ideas (477 páginas), 1996.

[28] La cuestión o problemática judicial -o el servicio de justicia- integra un tema de amplia presencia en las agendas públicas de los sectores público y privado, figurando en los programas de seminarios, jornadas, encuentros y demás ámbitos de discusión y debate en la escena nacional (Ver, por ejemplo, reciente 39º Coloquio Anual de IDEA: “Bases para una Argentina integrada”, cuyo primer eje temático se titula “Integración institucional: nuevo mapa político argentino: gobernabilidad y progresismo / La reforma política y judicial”, en Mar del Plata, 5ª 7 de noviembre de 2003; en sitio web www.ideared.org; y jornadas internacionales “Globalización, crisis argentina, reforma de la regulación y seguridad jurídica”, organizadas por la Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública, 24 y 25 de noviembre de 2003; en sitio web www.revistarap.com.ar )

 

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