MEDIO AMBIENTE

27 de noviembre de 2012

LA UAC declara el estado de alerta máxima por la situación actual de Chubut

Atendiendo la situación que se vive en Chubut, denunciada recientemente por la Unión de Asambleas Chubutenses, donde se pretende habilitar la megaminería a pesar del expreso rechazo de los pueblos de la provincia, la UAC,

 

LA UAC declara el estado de alerta máxima por la situación actual de Chubut

 

Atendiendo la situación que se vive en Chubut, denunciada recientemente por la Unión de Asambleas Chubutenses, donde se pretende habilitar la megaminería a pesar del expreso rechazo de los pueblos de la provincia, la UAC, en su plenario de San Juan decidió multiplicar fuertemente el estado de alerta máxima declarado desde Patagonia. Las Asambleas de todo el país apoyan a las comunidades del sur entendiendo que esta situación se replica en todas las provincias integrantes de la OFEMI (Organización Federal de Estados Mineros), haciendo responsables de cualquier hecho de violencia que pueda ocurrir a todos los gobiernos de las mismas.

Por esto, a continuación reproducimos e invitamos a difundir y reenviar el comunicado redactado en Trelew por las asambleas el 10 de noviembre pasado:


La Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut, reunida en Trelew el día 10 de Noviembre de 2012, con representación de todas las ciudades de la provincia, expresa que:  Nos declaramos en ALERTA Y MOVILIZACIÓN MÁXIMA en respuesta a la embestida que están llevando a cabo los gobiernos provincial y nacional contra la población de Chubut.

Comunicado/Documento de la Unión de Asambleas Chubutenses

Entendemos que el impulso al tratamiento y la aprobación del Proyecto de Ley de Marco Regulatorio de las Actividades Hidrocarburíferas y Mineras que habilitaría la megaminería, constituye un inadmisible abuso de autoridad que avasalla los bienes comunes más básicos de nuestro ambiente, agua aire y suelo; así como también la salud, la cultura y los valores sociales de los y las habitantes de nuestra provincia.

Por ello, advertimos:

1) La población chubutense está profundamente preocupada e indignada, por la falta de respeto al mandato popular en relación con la megaminería. El pueblo de la provincia no desea ni remotamente el avance de esta perniciosa actividad y, pese a que es voluntad expresa de las asambleas, foros y organizaciones de vecinos y vecinas, resistir de manera pacífica a estos proyectos políticos de falso desarrollo, nos alarma que puedan producirse desbordes individuales o reacciones imprevistas ante la violencia que están ejerciendo los funcionarios al servicio de los intereses megamineros.

Repudiamos a los/as representantes/as del Poder Ejecutivo Nacional, Presidenta Cristina Kirchner y Vicepresidente Amado Boudou, del Poder Ejecutivo Provincial, el Gobernador Martín Buzzi y el Vicegobernador Gustavo MacKarthy, y funcionario provincial Ministro de Gobierno Javier Touriñan; así como a los funcionarios nacionales: el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca Norberto Yahuar, el Ministro de Planificación Federal Julio De Vido, y el Secretario de Minería Jorge Mayoral por impulsar políticas extractivistas que provocarán la devastación irreversible de nuestros territorios, la degradación institucional y la pauperización de miles de ciudadanos de nuestro país.

Consideramos a los mencionados representantes, responsables del presente estado de conflictividad social y de todas las consecuencias que pudieran producirse, considerando que son ellos en forma personal y sus políticas las que generan una violencia imposible de ignorar.

En forma consecuente han sido nombrados por este gobierno provincial, funcionarios con una cuestionable idoneidad, muy lejos de lo esperable para el cargo que ocupan, señalamos en particular a:

a) El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Dr. Eduardo Maza, quien no sólo no es idóneo para su puesto –tal como él mismo ha expresado referido a la problemática del manejo de la calidad de agua del Río Chubut-, sino que lejos de velar por un ambiente sano y con políticas públicas que propendan a un Control del Desarrollo Sustentable; por el contrario, actúa como un promotor de la megaminería en la provincia, tal como lo ha demostrado en cada exposición en su gira provincial.

b) El interventor de Petrominera S.E., Oscar Crettini, quien ha estado en ambos lados del sector que explota los recursos del subsuelo, siendo empleado calificado de las empresas que hoy solicitan permisos de exploración de minerales metalíferos y radioactivos, en una clara infracción ética, avalada por el actual gobierno que sólo busca operadores que le aseguren inversiones a cualquier costo.

c) El Ministro de Hidrocarburos de la provincia, Ezequiel Cufré, quien se suma a la gira de promoción gubernamental de la megaminería, adosándola a la temática hidrocarburífera para propiciar su habilitación.

Por lo expresado -por considerarlos personas incompatibles, por idoneidad profesional y por intereses ajenos al cargo que desempeñan- EXIGIMOS SU RENUNCIA INMEDIATA, y así lo solicitaremos formalmente en los próximos días.

Asimismo, repudiamos a los/las intendentes Néstor Di Pierro, Máximo Pérez Catán, Ricardo Sastre, Rafael Wiliams, Rossana Artero y jefes de comunas Mario Pichiñan, Rolando Rocco, Abel Muro, por operar en favor de la megaminería o excluirse de un tema que resulta central para las actuales y futuras generaciones; en vez de gestionar para la generación de actividades económicas verdaderamente productivas, sustentables y respetuosas del medioambiente y de la salud de la población.

En el mismo sentido, les recordamos a los/las legisladores/as que son representantes de la sociedad, en especial quienes han sido elegidos por la mayoría de la población y que no han sido autorizados a impulsar o aceptar propuestas que perjudiquen a las personas. Por lo tanto, si fueran en contra del expreso mandato que en este aspecto se ha dado desde el año 2003 en adelante, indicándoles claramente la negativa de avanzar en acciones que provocarán un daño comprobado al ambiente, a la salud, a la cultura y a las posibilidades de desarrollo económico de la población; nos ocuparemos de demandarlos por su traición mediante todos los medios de los que disponemos y deberán afrontar una condena social inconmensurable.

Deben los funcionarios políticos entender, de una vez por todas, que EL QUE MANDA ES EL PUEBLO y que deben velar por su paz y bienestar, al contrario de lo que muchos están haciendo.

Trelew, Chubut, 10 de Noviembre de 2012.

 

Es delito utilizar agroquímicos fuera de la Ley

 

 

 

Santa Fe, 25 de noviembre de 2012

 

Legisladores a contramano                        

AAPRESID y la Sociedad de la Tierra Plana

Frente al contrapunto originado entre la agrupación política "PARES" y los voceros del agronegocio agrupados en Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), motivado en una propuesta de modificación del Código de Faltas provincial difundida por la Diputada Mónica Benas que apunta a sancionar específicamente las fumigaciones con agroquímicos "sin contemplar las normas de seguridad que rigen el uso regular de esos productos, incluido el destino final de sus envases, poniendo en riesgo la salud de la población rural y urbana, y la biodiversidad en general” (1), desde la campaña Paren de Fumigarnos y los pueblos fumigados de Santa Fe afirmamos que nos hallamos frente a un falso debate.

Que los minúsculos grupos nacidos en los 90, promotores del modelo de agricultura tóxica y la siembra directa, contra toda evidencia, salgan a defender su comercio, es ya un clásico. Sus “razones” no van más allá de clichés y criterios anticientíficos cercanos a las que sostiene la Sociedad de la Tierra Plana (2) y no habrá evidencia que la creencia no pueda negar. La responsabilidad de la siembra directa en las recientes inundaciones, en palabras de responsables del Ministerio de Aguas de la provincia (3) es otro perjuicio económico que afrontará el erario público para seguir manteniendo artificialmente un negocio de pocos a costa de la salud y la vida de muchos.

El llamado de algunos referentes a desconocer las leyes (4) tampoco sorprende y se alinea con la conducta de sus socios de difundidas EXPOsiciones AGROpecuarias.-

Pero es por lo menos llamativo que mientras desde los pueblos fumigados se insiste en promover la condena penal de quienes atentan contra la vida y la salud de los habitantes de la provincia, en línea con la más moderna doctrina jurídica que tuvo su punto máximo en los procesamientos dictados en Córdoba por aplicación del Régimen Penal de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos nº 24.051, desde ámbitos legislativos se proponga rebajar esas conductas a la categoría de contravención.

Sin necesidad de agregar nuevas figuras, el Código de Faltas en su actual redacción contiene disposiciones dentro de las cuales bien podría quedar aprehendido el comportamiento de quienes realicen fumigaciones en violación a las disposiciones que regulan el uso de agroquímicos, entre otras, la de los artículos 57 (violación de normas de seguridad e higiene), 134 (emisión de gases y sustancias nocivas), 135 (utilización indebida de productos peligrosos) o 137 (atentado a ecosistemas), apuntando que las sanciones por aplicación del mismo han sido prácticamente nulas en comparación con las numerosas denuncias de violaciones registradas en los últimos años y no por falta de regulación.

El equívoco queda a la vista a partir de la jurisprudencia apuntada, que sentó la Cámara de Acusación provincial de Córdoba en el caso del barrio Ituzaingó Anexo disponiendo el procesamiento de los imputados por fumigaciones con agroquímicos (glifosato y endosulfán) realizadas en violación a leyes y ordenanzas -dos de los cuales resultaron posteriormente condenados- desde cuyo antecedente la discusión se encuentra en el ámbito del Derecho Penal por aplicación de la ley de Residuos Peligrosos que prevee penas de prisión de 3 a 10 años, agravadas si de la violación resultara la enfermedad o muerte de alguna persona.

Resulta paradójico que desde la institucionalidad, a la hora de aplicar leyes penales vigentes, la propuesta sea incorporar nuevas figuras, sin embargo frente a la necesidad de contar con normas que acentúen las regulaciones considerando especialmente el astronómico incremento de los litros/kg de agroquímicos utilizados y la constante introducción de productos cada vez más tóxicos, se sostenga que alcanzaría con aplicar la ley existente 11.273, pronta a cumplir 18 años.

Cuando la población reclama mayor protección, en línea con los principios que informan el derecho ambiental, tal como prescribe el art. 41 de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente, nuestros legisladores parecen transitar en sentido contrario.

El próximo jueves será la última sesión del senado provincial y los pueblos fumigados, como lo vienen haciendo desde hace dos años, intentarán que sus representantes se dignen responder el reclamo popular prohibiendo las imprevisibles fumigaciones aéreas y restringiendo las terrestres al menos 800 metros, avalado por miles de firmas y acorde a las constataciones realizadas por el Ministerio de Salud Provincial y los centenares de estudios científicos que bien harían en consultar quienes se lancen a opinar, de fácil acceso ya que fueron formalmente presentados por mesa de entradas del Senado; esta vez con la esperanza adicional de que los senadores, cuanto menos, hagan honor a la emblemática y gastronómica fecha que popularizó a los días 29 de cada mes.-

Campaña “Paren de Fumigarnos”.

Movimiento de Pueblos Fumigados – Santa Fe

Referencias:

1- http://www.agenciafe.com/

noticias/val/191637/proponen-penalizar-la-utilización-indebida-de-agroquímicos-.htm

    

 

2- http://es.wikipedia.org/wiki/Flat_Earth_Society 

3- http://www.lacapital.com.ar/la-region/Municipios-y-privados-deben-comprometerse-con-el-tema-hidrico-20121104-0015.html

4- http://infocampo.com.ar/nota/campo/38461/agroquimicos-piden-que-bonfatti-defina-su-postura

 

 

 

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Comisión Prensa y Comunicación
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas

 

 


 

Decenas de heridos por represión en Rawson
 

Rawson, Chubut, 27 DE Noviembre de 2012

 

Urgente, Rawson, Provincia de Chubut, martes 27 de noviembre, 5 de la tarde. Decenas de asambleístas no a la mina fueron gravemente heridos por unos quinientos patoteros de la UOCRA, contratados por funcionarios del gobernador Martín Buzzi. 

 

 

El gobierno provincial intenta por todos los medios habilitar la mega minería prohibida por la ley 5001 mediante un marco regulatorio, con el que venía amenazando una eventual reforma. 

 

 

 Militantes de las organizaciones socio-ambientales que conforman la Unión de Asambleas Patagónicas (UAP) se autoconvocaron en la legislatura chubutense de manera pacífica como habitualmente hacen, pero fueron violentamente reprimidos por obreros de la UOCRA (sindicato de la construcción), ocupados en la construcción de una “doble trocha” que comunica Trelew con Puerto Madryn. El contingente prominero, contratado en la ocasión,  se desplazó con palos y cadenas, ubicándose detrás de emplazamientos de doble vallado colocados por la policía provincial. Otro grupo represor con carteles pro mineros había ingresado a Rawson desde la localidad de Paso del Sapo.

 

 

 Son muchos los heridos, algunos de suma gravedad y conforme a explicaciones de los compañeros movilizados hacía tiempo que no se veía en la provincia del Chubut semejante represión.

 

 

 Ministros y funcionarios del gobierno de Buzzi habían descartado realizar una consulta popular considerando que una legislatura leal a sus fines haría las reformas del marco regulatorio minero, después de todo –dicen para negar la consulta- “el pueblo gobierna a través de sus representantes”. Con las fuerzas de choque el gobierno de la provincia del Chubut pretende demostrar que hay una parte importante de la población que desea la mega minería contaminante y tal como se aprecia, la violencia es el camino que utilizan para aprobar un marco regulatoria propicio.  

 

 

 

“Carnicería en la Legislatura de Chubut”

 

Este es el término que utilizaron aquellos vecinos que se encontraban presentes en los acontecimientos.

Siendo las 16,30 horas de hoy martes 27/11 mientras un grupo de jóvenes, mujeres y adultos se dirigían a presenciar la sesión de los diputados fueron EMBOSCADOS por unas 300 personas con PALOS y CADENAS quienes golpearon a mujeres y niños, encontrándose hospitalizados al menos tres de ellos.

Los agresores utilizaron esa ZONA LIBERADA por la policía y se identificaban como sectores por el SI A LA MINERIA.

Varios de ellos eran de gremios que hace pocos días se reunieron en Buenos Aires con el Diputado Nacional Carlos Eliceche, quien les pidió su apoyo para lograr la aprobación del Marco Regulatorio Minero.

Mientras los agresores se abalanzaban sobre los vecinos que hace ya mas de tres meses asisten a la cámara de diputados todos los días martes y jueves, muchos legisladores provinciales miraban la escena desde las ventanas del recinto mientras la policía jamás apareció.

Cuando los vecinos se dirigieron a la comisaría local, la policía misma reconoció que se trató de una ZONA LIBERADA.

Un niño de 15 años, una joven y una mujer mayor se encontraban hospitalizados por heridas con objetos contundentes.

Hacemos responsable al DIPUTADO NACIONAL CARLOS ELICECHE Y AL GOBERNADOR BUZZI, y a todos los funcionarios que liberaron la zona, por lo sucedido y lo que pueda suceder de aquí en más.

 

Unión de Asambleas Patagónicas (UAP)

Contactos

Unión de Asambleas Chubut

Lucas:0280 154685537

Javier:  011 1567485340

Pablo:  0280 154630754

 

 

 

 

 

 

 

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Comisión Prensa y Comunicación
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas

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