POLITICA

21 de agosto de 2012

Denuncia penal contra Scioli por fraude_parte de prensa

Denuncian a Scioli por un fraude al Estado por 101 millones

 

 La presentación fue realizada por el Movimiento Nacional de Fabricas Recuperadas ante la Justicia penal y alcanza también al ex ministro de Producción Martín Ferré y a un estudio jurídico vinculado al ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal. “Han actuado de manera delictiva como banda para concretar un fraude contra el erario público de la Provincia”, indicaron los querellantes.

           

 

El Movimiento Nacional de Fábricas Recuradas realizó días atrás una presentación judicial en la Fiscalía 8 de La Plata contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, por fraude, violación de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

 

El escrito penal, recibido por el juez platense César Melazzo, denuncia la expropiación por parte de la Provincia de una empresa metalúrgica en Vicente López -que había sido recuperada por sus trabajadores- por un valor cuatro veces superior (101 millones de pesos) a la tasación realizada por la Fiscalía de Estado (26 millones).

 

Además del mandatario, el pedido de indagatoria incluye al ex ministro de Producción de la Provincia, Martín Ferre; al ex Fiscal de Estado Ricardo Szelagowski; al subsecretario de la Fiscalía de Estado, Jorge Nicolás Della Croce; al presidente de Ignacio F. Wasserman S.A, Ignacio Wasserman; al apoderado de la empresa, Alan Wasserman; los abogados Daniel Sabsay, Beatriz Rivas y Rubén Citara; y los responsables del estudio de abogados “Caporal, Citara y Casal”, relacionado con el ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal.

 

De ese modo lo informó el presidente y abogado de la asociación, Luis Caro, en el marco de una conferencia de prensa en la que dio precisiones sobre las irregularidades que marcaron el proceso de adquisición de la empresa Ignacio F. Wasserman S.A y detalles sobre las responsabilidades de los involucrados.

 

“Se pagaron 101 millones pesos, sin sentencia firme y violando la Ley General de Expropiaciones de la Provincia (5708).Con menos de la mitad de ese dinero se podrían expropiar todas las fábricas recuperadas de la provincia y asegurar el empleo directo de más de 8 mil personas”, aseguró Caro.

 

La valuación fiscal de la empresa había sido de 26.427.540 pesos (la Cooperativa la había tasado en poco más de 14 millones), pero la Provincia pagó 101 millones, mediante tres decretos del Poder Ejecutivo: el 717 del 31 de mayo, el 981 del 30 de junio, y el 1234 del 26 de julio, todos del año 2010.

 

“La participación del Gobernador es principal porque sin los tres decretos que firmó no se podría haber hecho ninguna disposición de los bienes. El primer decreto autorizó a la Fiscalía el convenio por 101 millones, el segundo fue para ampliar el presupuesto del Ministerio de Producción porque para todo el año 2010 era de 130 millones, con lo cual tenía que aumentarlo porque de lo contrario se iba a gastar casi el 90 por ciento del presupuesto en un solo pago. El tercer decreto es la Orden de Pago, por lo que con el andamiaje administrativo-jurídico legal se realizó todo”, informó.

 

Asimismo, el dirigente cooperativista indicó que de esos 101 millones de pesos, 55.890.300 fueron destinados al pago de abogados, y al estudio jurídico beneficiado fue Caporal, Citara y Casal, vinculado al ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia, Ricardo Casal.

“El abogado Daniel Sabsay cobró 22 millones 422 mil pesos por honorarios,  más 1 millón 212 mil en conceptos de aportes. Su colega Rubén Citara 22 millones; mientras que Beatriz Rivas recibió 2 millones 828 mil,  solo en aportes. En tanto, los peritos cobraron por honorarios un total de 2 millones 439 pesos”, consignó el letrado.

 

Los pagos fueron hechos en efectivo a través del Juzgado Civil y Comercial número 6 de San Isidro. En el expediente cuestionado también intervino el Juzgado Civil y Comercial número 8 de la Capital Federal.

 

“Se trata de un fraude contra el erario público de la Provincia, con pagos en seis cuotas desde septiembre de 2011 a marzo del 2012, y en efectivo porque había disponibilidad de fondos”, agregó, antes de señalar que “el Estado debió pagar según la tasación fiscal y no la suma que abonó, sin haber obtenido la posesión y el dominio de lo adquirido, conforme lo prescribe la ley de la Provincia”.

 

“Todos los denunciados han actuado de manera delictiva como banda para concretar un fraude contra el erario público de la Provincia”, concluyó el abogado.

 

 

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