INTERNACIONALES
4 de julio de 2025
Un juez de la Corte Suprema de Brasil busca intervenir para bajar las tensiones entre Lula y el Congreso
La resolución judicial detiene el avance del impuesto, posterga recortes adicionales del gasto público y promueve el diálogo como vía para resolver la disputa institucional que afecta las cuentas federales
El Supremo Tribunal Federal de Brasil intervino en la disputa fiscal entre el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el Congreso Nacional, suspendiendo temporalmente dos decretos enfrentados y ordenando una audiencia de mediación.
El magistrado remarcó que el conflicto institucional provocado por la política fiscal es “indeseable” y contradice el principio constitucional de armonía entre poderes, y señaló que su decisión busca reducir la tensión y propiciar un acuerdo político antes de resolver si mantiene las medidas cautelares.
El decreto fue rechazado por una mayoría conservadora en el Congreso, que aprobó posteriormente una norma para bloquear su ejecución. El Ejecutivo consideró que la acción legislativa vulneraba el principio de separación de poderes, al sostener que el Congreso había invadido competencias reservadas al Gobierno en materia fiscal. La reacción del presidente incluyó la orden a la Abogacía General del Estado de acudir al Supremo Tribunal Federal para solicitar la protección de la prerrogativa del Ejecutivo en política tributaria.
El enfrentamiento escaló tras las declaraciones de Lula, quien acusó a legisladores y sectores financieros de liderar una “rebelión” contra las propuestas tributarias del Gobierno. Por su parte, el presidente de la Cámara Baja, Hugo Motta, reprochó al Ejecutivo la “creación de polarización social” y defendió que la decisión del Congreso reflejaba “la voluntad de la mayoría” tanto legislativa como social.Tras la suspensión de los decretos y la convocatoria a mediación por parte del Supremo Tribunal Federal, tanto el Gobierno como el Congreso Nacional expresaron su respaldo a la decisión de Alexandre de Moraes y manifestaron su disposición al diálogo.El fiscal general, Jorge Messias, valoró la resolución como una salvaguarda del “principio de separación de poderes” y expresó que el Gobierno acoge con satisfacción la oportunidad de negociación para “preservar la institucionalidad”. Por su parte, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, declaró ante la prensa en Río de Janeiro que la medida contribuye a fortalecer las instituciones y delimita las competencias de cada poder, subrayando la necesidad de cooperación para sanear las finanzas públicas.Ambas partes coincidieron en su interés de alcanzar un acuerdo antes del 22 de julio, fecha límite para la presentación del próximo informe presupuestario y la definición de eventuales recortes adicionales en el gasto estatal.
El impacto económico de la disputa sobre el IOF se refleja en las cifras proyectadas por el Gobierno Federal, que aspiraba a obtener hasta 12.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) adicionales mediante el incremento tributario, dentro de un paquete mayor destinado a recaudar más de 30.000 millones de reales antes de 2026. Este ajuste fiscal es fundamental para cumplir con el objetivo de lograr un resultado presupuestario primario equilibrado, es decir, sin considerar los pagos de intereses de la deuda.
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