INTERNACIONALES
17 de abril de 2025
Pakistán deportó a más de un millón afganos desde que inició las expulsiones masivas en 2023
A pesar de que organizaciones de Derechos Humanos han solicitado al Gobierno que revise estas políticas, las expulsiones continúan, en medio de acusaciones de detenciones y deportaciones arbitrarias
El número de afganos repatriados desde Pakistán alcanzó ya el millón, desde que comenzaran las políticas de deportación a finales de 2023 y que han comenzado a afectar también a partir de abril a refugiados legalmente registrados, e incluso a los nacidos en el país, pero que no disponen de ciudadanía.
“Creemos que este número seguirá subiendo rápidamente”, dijo un funcionario del Gobierno pakistaní en condición de anonimato a la agencia alemana DPA. En total, Pakistán ha estado alegando motivos de seguridad para poner en práctica estas medidas, ya que las provincias fronterizas de Jiber Pajtunjua y Baluchistán son escenario de frecuentes atentados cometidos por los talibanes paquistaníes, quienes, según Islamabad, encuentran apoyo y cobijo en suelo afgano.
A pesar de que organizaciones de Derechos Humanos han solicitado al Gobierno paquistaní que revise estas políticas, las expulsiones continúan, en medio de acusaciones también de detenciones y deportaciones arbitrarias, mientras crece los temores ante una inminente crisis humanitaria.
Desde el regreso de los talibanes al poder en agosto de 2021, Afganistán atraviesa una profunda El nuevo régimen ha impuesto severas restricciones a los derechos de las mujeres. Se les ha prohibido acceder a la educación secundaria y superior, trabajar en la mayoría de los empleos y circular por espacios públicos. En 2024, los decretos vetaron su derecho a mostrar el rostro en público y estudiar medicina, lo que ha generado preocupación por el futuro del acceso a la salud femenina. Diversos organismos han comenzado a calificar esta situación como un caso de apartheid de género, y reclaman que sea reconocido como crimen de lesa humanidad.
La situación humanitaria se ha agravado por la reducción de fondos internacionales. A comienzos de 2025, los recortes en la ayuda humanitaria de EEUU provocaron el cierre de servicios médicos clave, entre ellos centros de alimentación terapéutica para niños con desnutrición. Organizaciones de asistencia estiman que más de 3,5 millones de niños afganos sufrirán desnutrición aguda este año, un aumento del 20% respecto al anterior.
Pese a este panorama, las mujeres afganas continúan resistiendo. Campañas como #MyVoiceIsNotForbidden (“Mi voz no está prohibida”) evidencian la determinación de quienes, a pesar de las amenazas y las restricciones, siguen exigiendo sus derechos. En un país donde alzar la voz se ha vuelto un acto de disidencia, el desafío para la comunidad internacional es doble: responder a la emergencia humanitaria sin legitimar a un régimen que niega derechos fundamentales.
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