Desde Aldeas Infantiles SOS nos preguntamos, ¿cómo erradicar el maltrato infantil en pleno siglo XXI? ¿Se puede prevenir? ¿Por qué es importante no minimizar este tipo de acciones? Es fundamental romper mitos y creencias alrededor de los tratos que se desenvuelven en las infancias. Este es un tema público, no privado.

Naciones Unidas estableció el 25 de abril como el Día Internacional de la Lucha Contra el Maltrato Infantil, y en Aldeas Infantiles SOS creemos que es una buena oportunidad para reflexionar acerca de la cuestión. Desde Aldeas Infantiles SOS Argentina, creemos que el debate sobre la violencia hacia las infancias debe ser abordado desde un enfoque integral y, sobre todo, esclareciendo que la grave situación que atravesamos es un llamado de atención que nos atañe a todos como sociedad. Como parte del sistema de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes nos preguntamos, ¿acaso no es imprescindible debatir sobre la principal causa por la cual los/as niños/as pierden el cuidado familiar?

Para encuadrar conceptualmente la situación argentina, es conveniente especificar qué se entiende por maltrato infantil. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo define como “cualquier forma de abuso o desatención que afecte a un menor de 18 años, abarca todo tipo de maltrato físico o afectivo, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otra índole que vaya o pueda ir en perjuicio de la salud, el desarrollo o la dignidad o poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder”.

La Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes (2019-2020)[1], determinó que el 52% de los niños, niñas y adolescentes de 1 a 14 años experimentaron agresión psicológica, el 35% castigo físico, el 7% un castigo físico severo y el 59% cualquier método violento de disciplina. El mismo estudio reveló que el 11% de las mujeres de 18 a 49 años fue víctima de abuso sexual en su niñez o adolescencia, lo cual se puede conectar de forma directa con el análisis de los datos del Programa “Las Víctimas Contra Las Violencias” 2020-2021 que realizó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En ese periodo, este último relevamiento registró 3.219 consultas de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia sexual, de las cuales el 77% eran niñas.

Estas cifras son el reflejo cuantitativo de una infancia que se ve vulnerada al momento del maltrato, pero que dejará secuelas psicológicas y físicas en la futura vida de ese ser humano. Enfermedades cronológicas, lesiones, problemas de salud mental, enfermedades de transmisión sexual, ansiedad, trastorno, naturalización de la violencia, autolesiones e intentos de suicidio son solo algunas de las consecuencias que se pueden indagar en quienes han sufrido violencia infantil. La vida no se constituye de hechos aislados e inconexos, como tampoco es la consecuencia de un proceso lineal, homogéneo y tangible. Los hechos de la infancia y la niñez tienen repercusión en el desarrollo de la vida de cada uno/a, aunque estos no significan que sean irreversibles, sino que, al contrario. El posterior acompañamiento y seguimiento de las trayectorias de vida demuestran que los procesos psicológicos se pueden revertir.

No se puede perder el foco que detrás de cada estadística aquí expuesta hay una vida humana con derechos que se deben respetar, y por los cuales el Estado debe velar. Más aún, la familia del niño/a, y los adultos que forman parte de su vida social, tienen responsabilidades (en diversos grados) y obligaciones hacia el bienestar e interés superior del niño. Los médicos y docentes con los que interactúan los/as niños/as también forman parte de un circuito de detección de posibles vulneraciones de sus derechos, en el cual la ética y responsabilidad de los profesionales exige que esos hechos sean denuncias. Las relaciones sociales del niño/a y el hecho de ser un sujeto de derechos humanos constituyen causas básicas para considerar al maltrato infantil de interés público.

La inversión económica por parte de los diferentes niveles gubernamentales constituye uno de los principales pilares de la prevención de casos en los que se detecta maltrato infantil. Por un lado, es indispensable la construcción de programas interdisciplinarios que aborden de forma integral los diferentes ámbitos de sociabilización de los niños y niñas, como lo pueden ser la salud, el deporte, la educación y, por supuesto, la familia. Aquí deberíamos preguntarnos si el/la niño/a conoce sus derechos y los diferentes tipos de violencia que puede recibir. ¿Recibe ese tipo de educación? Si bien han existido avances considerables en materia de concientización sobre la violencia y el maltrato infantil, aún faltan acciones que cambien el viejo paradigma que prevaleció durante años. Si la familia es el lugar por excelencia para todas las personas, ¿por qué no invertir en concientizar a los padres sobre el desarrollo infantil y la heterogeneidad de estrategias positivas en la crianza? Asimismo, no se puede continuar con un sistema de protección infantil lento que no contemple las urgencias infantiles, ni con la convivencia de juzgados difíciles de acceder y alejados de las realidades de los niños y niñas. Poner el foco en la prevención debería ser la prioridad absoluta.

Las inversiones por parte de los estados no pueden responder siempre a las consecuencias, sino que es indispensable velar por la construcción de planes preventivos. Incluso la evidencia demuestra que invertir en políticas públicas de prevención es mucho más eficaz y eficiente que el posterior gasto destinado al seguimiento de las trayectorias de vida para atender las secuelas que ocasionó el maltrato infantil. A su vez, en muchos casos se ven afectadas las habilidades requeridas para los futuros desarrollos productivos y/o laborales que se deseen emprender. Según la Unión Europea cada euro invertido en prevención produce un retorno social de € 87.75.

Por nuestro sistema de valores y convicciones, desde Aldeas Infantiles SOS Argentina hemos participado activamente en la lucha contra el maltrato infantil. En el debate del plenario de comisiones que trató la ley 27.709 del Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niñas, niños y adolescentes, sentamos nuestra posición a favor de que el Estado promueva acciones que velen por funcionarios capacitados en materia de niñez, adolescencia y familia, pero aún falta mucho por hacer. Como organización de la sociedad civil, ponemos a disposición de toda nuestra experiencia respecto al monitoreo y evaluación de los estándares de calidad, así como los mecanismos de fortalecimiento familiar que previenen el maltrato infantil.

Solo mediante una articulación activa y coordinada podremos abordar eficazmente la complejidad del maltrato infantil en pleno siglo XXI. Es hora de que reconozcamos que este no es un problema aislado ni privado, sino un desafío que nos concierne a todos/as como sociedad. Unir nuestras voces y esfuerzos nos permite mirar hacia un futuro en el que cada niño y niña crezca en un entorno seguro, protector y amoroso, donde se respeten plenamente sus derechos y su dignidad sea siempre protegida. Es momento de actuar con determinación y empatía, cada niño/a merece ser valorado/a y protegido/a.