La Universidad Nacional de Luján deberá afrontar una sentencia millonaria en su contra: la Justicia la obligó a pagar más de 1.600 millones de pesos a la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente por un conflicto que se remonta a 1996, cuando la casa de altos estudios rescindió en forma unilateral el convenio alcanzado entre las partes.

La Caja Complementaria Docente es un ente privado, cuyo directorio está conformado por un integrante del Ministerio de Educación de la Nación y por representantes de los sindicatos nacionales de base, por fuera de la docencia universitaria. Se trata de una especie de caja de retiro, un sistema solidario en el que los activos van aportando y los ya docentes jubilados reciben un plus en sus haberes. Esta iniciativa se puso en marcha en los años 70 y después se transformó en ley nacional en 1983.

Tras la reapertura, en julio del año 1985, la casa de altos estudios de nuestra ciudad firmó un convenio con la entidad no estatal de derecho público, por lo que pasó a retener el 4,5 por ciento del sueldo bruto de los docentes. Sin embargo, en 1996 -luego de una encuesta y asambleas realizadas por ADUNLu- el Consejo Superior resolvió anular el acuerdo ya que los trabajadores consideraban que el alto aporte no coincidía con el bajo complemento recibido.  

Esto originó un litio judicial ya que la Caja consideró que la rescisión se realizó en forma unilateral. Después de decenas de instancias -todas favorables para el denunciante-, el año pasado hubo un fallo con sentencia firme contra la UBA y luego otro de la Corte Suprema. Este año, tras una medida en los mismos términos desfavorable contra la Universidad de Catamarca, la UNLu recibió idéntica sanción junto con una orden de embargo en su contra por todos los años que dejó de ser agente de retención del porcentaje acordado del salario de los docentes.

A partir de eso, se inició una negociación con la Caja para impedir el embargo que prácticamente ponía en jaque la economía diaria de la Universidad e impedía, entre otras cosas, el pago de los sueldos. A partir del reconocimiento de la deuda, se estableció un pago de 47 cuotas de aproximadamente 15 millones de pesos por mes por la deuda acumulada desde 1996 a 2016. En tanto, se estableció un plazo de 120 días para acordar cómo se cancela lo acumulado entre 2016 a la fecha.

Además, se reactivó el convenio por lo que los docentes de la UNLu volverán a sufrir el descuento en sus haberes en forma obligatoria y compulsiva, por lo que ningún trabajador puede solicitar la baja.

Con esta sentencia ya firme, la Universidad deberá afrontar esa deuda por incumplir su rol de agente de retención del monto de dinero que los docentes debieron haber aportado en estos 27 años.

En ese contexto, a principios de diciembre el Consejo Superior aprobó en Sesión Extraordinaria dos convenios suscriptos entre la UNLu y dicho organismo para comenzar a dar cumplimiento a las obligaciones de pago emanadas de la sentencia judicial. “Es un tema muy importante y que nos afecta”, señalaron desde el HCS.

De esta forma, se habilita al Rectorado a adherir al Régimen Especial de Facilidades de Pago con “quitas importantes en concepto de intereses y facilidades de pago, sin la cual dicha deuda resultaría de imposible cumplimiento para esta Casa de Altos Estudios”.

La deuda judicializada suma un total, entre capital e intereses, de 512.394.205,59 de pesos. Sin embargo, la deuda administrativa hasta noviembre del 2023 alcanza los 1.139.980.489,94 de pesos. El total es de 1.652.374.695,53 de pesos.

Finalmente, se acordó una quita del 50 por ciento sobre los intereses de la primera deuda. Además, la UNLu deberá realizar un anticipo del 5 por ciento y afrontar 47 cuotas a una tasa del 5 por ciento mensual, lo que impone una cuota de 15 millones de pesos. “El acuerdo mencionado es fundamental para el sostenimiento económico y financiero de la Universidad”, sostuvieron las autoridades.

“Para la parte administrativa hasta el momento no se ha cerrado un acuerdo porque, utilizando los mismos parámetros, la cuota superaba los 45 millones de pesos que, sumada a los 15 millones de la judicializada nos obligaba a pagar más de 60 millones de pesos mensuales”, explicaron desde el Rectorado.